El juez del caso Invercaria procesa a Manuel Vizcaíno por malversación y prevaricación
El actual presidente del Cádiz y ex vicepresidente del Sevilla FC está acusado, junto a su hermana, del presunto delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias
El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en Invercaria, ha procesado al expresidente de esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta Tomás Pérez-Sauquillo y al actual presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, por la ayuda a la empresa Own Spa Desarrollos S.L. que presidía el que llegó a ser vicepresidente del Sevilla FC en la etapa de José María del Nido, y que causó al erario público un “perjuicio” de 304.044,33 euros, según informa La Voz Digital de Cádiz.
El juez Juan Gutiérrez Casilla procesa al expresidente de Invercaria, al máximo responsable del Cádiz CF y exdirectivo del Sevilla y a su hermana, María Ángelez Vizcaíno, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Manuel Vizcaíno, en la ciudad deportiva del Sevilla FC presenciando el Aevilla At. – Cádiz / Lince
El juez relata que Own Spa se constituyó el día 26 de febrero de 2007 con un capital social de 3.000 euros mediante escritura pública otorgada ante notario en Sevilla, mismo acto en el que se nombraron como consejeros delegados a María Ángeles Vizcaíno y a Eloy Bernárdez Moya, que son socios de la entidad.
De este modo, relata que el objeto social de esta empresa es el diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua “destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal”, mientras que también constituye su objeto social la gestión de contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua.
Asimismo, es objeto de la mercantil la realización de toda clase de actividades de gestión y asesoramiento encaminadas a la obtención de licencias relacionadas con las actividades antes descritas, encontrándose su domicilio social en la localidad de Bormujos (Sevilla).
Según indica el instructor, en enero de 2007, la sociedad Own Spa solicitó una ayuda a Invercaria a través del presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, y de su hermana, siendo analizada dicha solicitud de inversión por el departamento de Promoción de Invercaria, que lo archivó al establecer “reparos a la inversión” el propio director de Promoción de la empresa pública de inversión en capital riesgo.
“Pese a lo anterior y a sabiendas que el director de Promoción de Invercaria se había opuesto a la inversión y que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis e Inversiones”, Pérez-Sauquillo “decidió personalmente conceder la ayuda”, pone de manifiesto el juez en este auto fechado el día 3 de noviembre y consultado por Europa Press.
“Perjuicio al erario público de 304.044,33 euros”
El magistrado asevera que, “a tal fin”, Pérez-Sauquillo, “actuando en nombre de Invercaria”, firmó el 11 de febrero de 2009 un contrato de toma de participación a través de la suscripción y desembolso íntegro de once nuevas participaciones sociales de la mercantil “mediante aportación dineraria al capital social en la cifra de 330,66 euros, con una prima de asunción por participación social de 13.000 euros”, lo que «supone una prima de asunción de 149.669,30 euros injustificada”.
Tras indicar que Invercaria se incorporó al consejo de administración de la mercantil, el juez agrega que, en esa misma fecha, Invercaria le otorgó un préstamo participativo de 150.000 euros, de manera que al otorgamiento de esta escritura acudieron el propio Pérez-Sauquillo, por parte de la empresa pública, y Eloy Bernárdez y los hermanos María Ángeles y Manuel Vizcaíno por Own Spa.
Según el juez, la mercantil, que actualmente se encuentra en liquidación, “solo atendió y en su caso satisfizo el primer vencimiento, ocasionando un perjuicio al erario público de 304.044,33 euros”.
El magistrado otorga un plazo de diez días tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
