La Guardia Civil está investigando si la Generalitat de Cataluña «ocultó» la creación y el desarrollo de estructuras de Estado entre los acuerdos marco y contratos que formalizó entre los años 2012 y 2016 con más de 40 empresas tecnológicas. El informe entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona ha seleccionado un total de 33 contratos por valor de 811 millones de euros, en los que podrían estar camuflados los trabajos para dar soporte informático a las nuevas estructuras que preveía crear el Gobierno catalán para dar paso a la fallida república.

Este informe se realizó inicialmente por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional e incluye los contratos realizados por el CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) o a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con el que el primero tiene un convenio de colaboración, y que han levantado sospechas de los investigadores. El CTTI es el organismo del Gobierno catalán encargado de la contratación centralizada, la gestión y el suministro de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de toda la Administración autonómica. Según explica la Guardia Civil, aparte de la licitación pública habitual para la contratación de obras y servicios, el CTTI «ha estado utilizando de manera habitual los denominados Acuerdos-Marco, donde se regulan las condiciones que deben regir los contratos».

En esos acuerdos-marco se contempla la prestación de servicios mediante dos modalidades: recurrentes y bajo demanda. Sin embargo, es esta última modalidad la que permite encargar la prestación de cualquier servicio con la única presentación a la sociedad adjudicataria del contrato, de una orden de trabajo, es decir, «sin necesidad de la publicidad derivada de una licitación pública». En el momento de realizar el informe, la Guardia Civil estaba investigando la creación de la Agencia Nacional de Seguridad catalana, considerando que para su desarrollo el CESICAT constituiría una parte «esencial». Por ello, seleccionó todos los acuerdos marco y contratos formalizados por la Generalitat de Cataluña entre los años 2012 y 2016 a través del CTTI, los que «a juicio» de los investigadores incluyeran la prestación de servicios y «en su marco de desarrollo se hubieran podido ocultar la creación y desarrollo de estructuras de Estado», entre las que se incluyera la citada Agencia Nacional de Seguridad.

Se trata de treinta y tres contratos con más de 40 empresas tecnológicas, entre las que están grandes sociedades y multinacionales, algunos de ellos se han realizado a través de UTE (Uniones Temporales de Empresas) y otros, directamente con las sociedades interesadas. La suma de los importes de estos contratos asciende a 811.443.729 euros.