A la espera de la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el presunto intento de Antonio Manuel Guerrero de sacarse el pasaporte en una comisaría de Sevilla, todos los indicios apuntan a que esa no fue su intención. El responsable de las redes sociales de la Policía cometió un fallo garrafal
La noticia saltó en el perfil oficial del Cuerpo Nacional de Policía en Twitter. Anunciaba que un miembro de «La Manada» había sido «pillado» intentado obtener un pasaporte. El tuit sorprendió a muchos, especialmente a los periodistas que nunca hasta ahora habían obtenido una información tan sensible, una verdadera primicia informativa, a través de un mensaje adornado con un Gif de Batman. Nada profesional. Sin embargo, la noticia estaba ahí, con toda la frivolidad del mundo pero desde la cuenta oficial de la Policía.
A partir de esa información inesperada, de nuevo ríos de tinta, programas especiales de televisión, dudas, muchas dudas, y un nuevo manto de sospecha sobre Guerrero y todos los miembros de «La Manada». Más presión mediática sobre un caso que la tiene, constante, desde hace justo dos años.
La vista celebrada la semana pasada por el mismo tribunal que puso en libertad condicional a los cinco miembros de «La Manada» por abusos sexuales a una joven de 18 años en las fiestas de Sanfermines de 2016, duró cinco horas. Y aún el tribunal no ha emitido su decisión sobre si Guerrero debe volver a prisión por intentar obtener un pasaporte cuando las medidas cautelares que tiene impuestas se lo prohíben. El caso es que Guerrero no intentó obtener el pasaporte, simplemente se dirigió a la comisaria de Tablada a obtener información sobre qué debía hacer, pues tenía la obligación de entregar su pasaporte y no sabía si lo tenía caducado al estar extraviado. Eso es lo que sostiene el abogado defensor del guardia civil, Jesús Pérez, y esa es la evidencia más clara de lo ocurrido.
El tremendo malentendido parece partir de la oficina de prensa de la Policía Nacional en Madrid y en concreto del responsable de las redes sociales de la Policía. Lo demuestra el hecho de que el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha decidido hacer cambios en el uso de las cuentas oficiales en redes sociales para comunicar a la opinión pública cuestiones referentes a este tipo de asuntos. Asunto que apenas ha trascendido pero que apunta claramente el origen del error. No se han hecho valoraciones políticas y nadie ha exigido las oportunas responsabilidades.
Las imágenes de la oficina de expedición de pasaporte en Tablada fueron visionadas este jueves por el tribunal. Fuentes policiales insisten en que demuestran que el miembro de ‘La Manada’ no exhibió en ningún momento el auto judicial en el que se le prohíbe abandonar España y se le obliga a entregar el pasaporte, sin posibilidad de renovar el documento.
Su defensa relata que el miembro de ‘La Manada’ dio su DNI a la funcionaria y que ésta le preguntó si tenía algún asunto pendiente con la Justicia. Respondió afirmativamente, explicando que tenía que presentar su pasaporte ante un tribunal y que no sabía si este documento lo tenía caducado o en vigor. La funcionaria, según el abogado de Guerrero, le dijo que estaba caducado desde 2017 y que fue en ese momento cuando abandonó las dependencias policiales.
El miembro de ‘La Manada’ hizo esta gestión en Sevilla el 25 de junio. Tres días después, el 28 de junio a las 11.58 horas, la Policía Nacional informó en su cuenta de Twitter: «Pillado uno de los miembros de La Manada cuando intentaba obtener un pasaporte… teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado». Acompañaba el texto de un gif animado de Batman negando con el dedo y la etiqueta «Así no».
También, el Ministerio del Interior ha decidido que hará cambios para mejorar el protocolo que se viene aplicando cuando hay que comunicar a los tribunales alguna incidencia en la expedición del pasaporte tras la polémica suscitada por la personación en dependencias de la Policía en Sevilla de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de ‘La Manada’ condenado por abusos sexuales en libertad provisional con la prohibición de salir de España y de renovar este documento.
