La ministra de Agricultura ha remarcado que el escenarios planteado por la Comisión Europa, que incluye un recorte de los fondos de la PAC de un 30%, no es aceptable para España
«Somos conscientes de que la situación de negociación no es precisamente sencilla, tampoco lo era en 2013. Pero de nuevo este Gobierno volcará su experiencia negociadora, su vocación por el medio rural, para defender los intereses de los agricultores«, ha subrayado Isabel García Tejerina en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas. «Hay lugar para trabajar mucho y estar muy pendientes», ha expresado la ministra, quien también ha afirmado que el Gobierno trabajará para que los fondos de cohesión «sean positivos para el conjunto de la economía del país» y «especialmente para las regiones que tienen un nivel de renta menor».
«Por lo tanto la posición del Gobierno será de defensa de un presupuesto importante para la PAC siendo conscientes de que la situación es extremadamente compleja. La salida de Reino Unido conlleva una perdida de fondos importantes para las políticas europeas, hay nuevas políticas llamando a la puerta, pero el gobierno defenderá como ha hecho siempre un presupuesto importante para los agricultores», ha apuntado.
Tejerina ha señalado que en la reunión de este lunes los ministros debatirán sobre el futuro de los pagos directos, un punto «de especial importancia» porque «cumplen con una función absolutamente importante que es dar estabilidad a las rentas«. «España volverá a defender que los pagos directos sean el eje de la PAC», ha indicado.
Los titulares de Economía de la UE también discutirán cómo centrar estos pagos «hacia las exploraciones que realmente dan vida y que crean el tejido económico en el medio rural». «Es también muy importante no sólo cuanto dinero logramos sino cómo hacer ese dinero más efectivo centrándolo en aquellas explotaciones que tienen auténtica actividad», ha dicho.
También abordarán el futuro de los pagos acoplados, para los que España defenderá su mantenimiento con el objetivo de poder atender situaciones «que necesitan un apoyo específico para mantener su actividad».
