Se acaban de cumplir diez años de que el Estado arruinase la honra, la reputación y casi la vida de un legendario artista que presidió y modernizó la Sociedad General de Autores de España, lo que permitió, entre otras muchas cosas, que miles de compositores, escritores y esparcidores de talento vieran recompensados en parte sus esfuerzos con algo de la dignidad que sin duda merecieron siempre.
El despliegue policial desatado aquella mañana, con helicópteros y cámaras de TV grabando la detención del ex cantante de Los Canarios, Teddy Bautista, como si de un peligroso narcotraficante se tratara, supuso el desplome y desbarajuste no sólo de un modelo de gestión, sino de la organización misma, la cual había logrado establecer un canon para gestionar los derechos de autor en los múltiples soportes y canales que recompensaba la labor desempeñada por miles de artistas.
Diez años después de aquellos hechos, nadie desea acordarse de tan injusta y desigual batalla planteada desde el Estado contra un ciudadano en particular y contra los legítimos intereses de los creadores de áreas tan diversas como la literatura, la música, el cine, la radio y un larguísimo etc. Finalmente, varias sentencias de la Audiencia Nacional vinieron a cerrar la causa en favor de la víctima de aquel atropello, exculpándole por completo de los maliciosos cargos que pesaron en su contra y que fueron retransmitidos al mundo como si se tratase de la batalla de Mosul o del desembarco de Normandía.
Nada, no hubo nada en lo que apoyar aquel desmedido ataque que, posiblemente, se debió a intereses espurios de unos y de otros para dañar a todo un colectivo usando como cabeza de turco la del cuasi legendario presidente de la SGAE.
Imposible restituir todo el daño causado por la maquinaria estatal en manos de anónimos politicastros ocultos en la sombra contra un ciudadano que se atrevió a desafiar a la Administración en la tarea de recaudar legítima y legalmente los fondos que le correspondían, labor que la Hacienda pública convertida en un «sheriff de Nottingham» desea asumir siempre en exclusiva para sus propios objetivos en nombre del pueblo.
Como siempre, una Justicia a destiempo, que llega tarde y con abuso de los plazos, no es Justicia, cosa en la que también este Gobierno de Sánchez está acreditando un desmedido abuso que obliga a las partes en conflicto a recurrir una y otra vez ante el Tribunal Constitucional y ante el Supremo para ‘desfazer’ los entuertos peregrinos en los que se mete, de tal modo que ahora viene a pronunciarse el primero de ellos sobre la inconstitucionalidad del nombramiento caprichoso de Rosa María Mateo como administradora única de la RTVE por deseo acordado entre Podemos y el PSOE.
Igual ha sucedido después de más de un largo año de espera con el primer decreto de estado de alarma que supuso el confinamiento masivo, la casi absoluta parálisis de nuestro aparato productivo y el asalto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, declarado ilegal e inconstitucional hasta los corvejones pese a las advertencias que en ese sentido le reiteró la oposición durante meses.
De nada sirve y parece que de poco servirá en un futuro si el Gobierno continúa por esta senda de la arbitrariedad casposa que devora la presunción de inocencia en unos casos y se merienda derechos fundamentales y atropella a la razón en otros.
No tengo ni la menor duda de que la Ley Trans contiene elementos suficientes para que muchos de sus apartados sean corregidos por su carácter abiertamente inconstitucional, como también habrá de serlo, por el fondo y por su forma de tramitación, la Ley de Eutanasia y suicidio asistido, así como otros muchos aspectos de las políticas desarrolladas por este Átila de la legalidad que encabeza el Gobierno de España con su corte de tropecientos ministros pariendo iniquidades que tendrá que corregir algún día el maestro armero…, aunque sea a destiempo. Gobierna que algo queda, parece ser la máxima de este ególatra sin pausa, dispuesto a dejar el rastro de cagajones de su caballo allá por donde pisa… y ahora le toca a las pensiones de los jubilados, que verán reducida su merecida prestación para financiar la locura desatada por este procónsul que nos ha caído en desgracia.
Los indultos a los golpistas, actualmente recurridos ante el Tribunal Supremo, y las más que previsibles actuaciones futuras en Cataluña llenarán las mesas de los altos tribunales y engrosarán los mamotretos judiciales pendientes de una resolución que, cuando llegue la hora, harán de Pedro Sánchez un sujeto digno de sentarse en un banquillo acusado de actuaciones que rayan en la prevaricación y que, por reiteradas, merecerían un castigo insomne.
No hay objetivos de Estado, sino de mera ocupación del poder por su persona. Alea jacta est.
He dicho.
