El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, estudia la queja presentada por tres familias de seis menores tutelados por la Junta que le piden investigar el «uso abusivo y descontrolado» de las declaraciones de desamparo y los «métodos» de los equipos encargados de la retirada de los niños. La queja, a la que ha tenido acceso Efe y que el Defensor ha admitido a trámite, denuncia que desde la Administración andaluza se hace un «uso abusivo» de la declaración de menores en desamparo porque «es más barato» que un expediente de riesgo que exige intervenir con la familia y señala que ello denota «la falta absoluta o la ineficacia de las políticas de prevención».

El escrito denuncia la actuación en este sentido de «la Administración andaluza, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, en concreto, la de Sevilla» y pide al Defensor «que investigue si los métodos que se utilizan en ocasiones para retirar a los menores son acordes a una sociedad democrática y social». «Hay más sensibilidad y empatía en muchos granjeros a la hora de separar a las madres de sus cachorros que en los Servicios Sociales y en quienes se desplazan a los hogares familiares a retirar a los menores», sostiene el letrado José Antonio Bosch en la queja, en la que habla de «manu militari» en las retiradas de menores y de falta de «empatía» por parte de los equipos sociales en las reuniones con los padres.

Falta de criterios objetivos

La denuncia cuestiona la falta de criterios «objetivos» para determinar en qué casos los menores son declarados en desamparo y retirados a sus padres, ya que «a iguales situaciones no se aplican las mismas medidas», y critica que problemas de salud mental, antecedentes de drogadicción o incluso sufrir violencia de género «penalizan». El escrito critica que la Junta exhibe con «orgullo» datos de menores tutelados pero «nunca se ha hecho un informe serio» de los resultados de su sistema de protección.«No se nos dice qué pasa con esos menores cuando cumplen 18 años o cuántos de ellos pasan por los Juzgados de Menores o los Juzgados de lo Penal o la cárcel», lamenta el letrado que lo firma. «Parece que lo que se busca es la mejor familia donde colocar al menor, muy al contrario de su obligación de lograr el mantenimiento del menor en el seno de su familia biológica», esgrime.

La queja al Defensor también apunta a la proliferación de entidades sin ánimo de lucro alrededor del «mercado» que genera el sistema, encargadas de servicios que debería prestar la administración como las residencias de menores, los servicios de peritación familiar o los puntos de encuentro -recientemente un juzgado de Sevilla investiga la denuncia de unos padres por «vejaciones» a los niños en el de la capital hispalense-. En el escrito se denuncia que la «conveniencia» de estos servicios prima sobre el interés del menor en cuestiones como el régimen de visitas, al fijar citas «cada dos o tres semanas» porque «a más visitas, más personal, y eso cuesta dinero». Recoge, incluso, el uso de castigos corporales en un centro de Sevilla que llevaron al hijo de una de las familias representadas al hospital con un parte de lesiones.

Sólo «un pobre botón de muestra»

Por todo ello, el escrito pide al Defensor que investigue el «uso abusivo» de la declaración de desamparo y las «irregularidades con relación a estos procedimientos de los que los expedientes de referencia sólo son un pobre botón de muestra». Por su parte, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, consultada por Efe, no ha querido pronunciarse sobre la denuncia, si bien el pasado julio la titular del ramo, María José Sánchez Rubio, presentó el Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia para reformar la actual normativa al respecto.

La consejera hizo hincapié en la apuesta por el acogimiento familiar de los menores tutelados por la Junta frente a su estancia en centros, donde con la nueva norma sólo podrán estar niños mayores de 6 años en vez de a partir de 3 como hasta ahora. Según las cifras facilitadas entonces, la Junta acoge bajo su tutela a más de 5.400 menores (3.215 están acogidos por familias voluntarias y 2.139 en los 207 centros de protección), si bien esta cifra no se refiere solo a niños retirados a sus padres biológicos por un expediente de desamparo, sino que incluye a los menores extranjeros no acompañados o aquellos abandonados voluntariamente o que han quedado huérfanos sin familia extensa que se haga cargo de ellos.