“… el 29 de noviembre puede suceder algo que hasta ahora no habíamos vivido: que una noche electoral termine sin conocerse realmente el resultado”
La noche del 29N no será la noche de la victoria, tampoco de la derrota. Por primera vez en nuestra historia democrática, el voto de nuestros compatriotas en Hispanoamérica amenaza con convertir el escrutinio definitivo en un espectáculo de incertidumbres, recelos y legitimidad bajo sospecha.
A dos semanas de acudir a las urnas, y a expensas de las de hoy, las encuestas de medios privados a derecha e izquierda dibujan un panorama inequívoco: una victoria conjunta y contundente de PP y VOX que -un tanto exagerada- rozaría los 200 escaños (El País les adjudicaba el viernes 190). Sin embargo, el último estudio del CIS, del mismo día también, sitúa al PSOE claramente como primera fuerza (134-143 escaños), con casi ocho puntos de ventaja sobre el PP (98-106 diputados), mientras Vox alcanzaría el 18,4% (57-65 escaños), dejando a la derecha lejos de la mayoría absoluta con un máximo de 171 asientos.
Con todo, lo verdaderamente extravagante de estas elecciones no será ver qué sondeo acierta, sino la forma y el momento en que se conocerá el resultado real. Tras el cierre de los colegios, hacia las diez y media, conoceremos con precisión el reparto derivado del voto en suelo patrio; los partidos sacarán conclusiones, los vencedores comparecerán y la prensa proclamará un nuevo mapa parlamentario. Pero faltará una parte decisiva del escrutinio. Y no precisamente insignificante.
El voto CERA de los “españoles” residentes-ausentes ha adquirido una dimensión que no puede despacharse como una anécdota administrativa, tras la eliminación del voto rogado y, sobre todo, por la aplicación de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, bautizada popularmente como Ley de Nietos. Ya no hablamos de miles de papeletas, sino de 2.769.645 electores en el extranjero frente a los 35,9 millones residentes en España, un incremento superior a 440.000 votantes respecto a julio de 2023. Hablamos de millones de electores que van a decidir el futuro de España desde sus ranchos, quintas, chacras, hatos, villas o fundos.
Es tal el crecimiento que hay circunscripciones y municipios en los que el peso de ese electorado puede resultar determinante, hasta el punto de que el número de “residentes ausentes” supera al de residentes con los pies sobre el suelo. Sí, no es una exageración. Incluso en algunos de ellos el número de no residentes sextuplica al de residentes, lo que obliga a preguntarse si el sistema puede gestionar tal transformación del censo, si pueden fiarse de él y, sobre todo, si los ciudadanos (¡otra de gambas!) son capaces de adivinar sus consecuencias.
Nadie discute el derecho incuestionable de cualquier español en Buenos Aires, Caracas, La Habana, México o París a votar en igualdad de condiciones que en Sevilla, Madrid o Valladolid, pues la nacionalidad no se pierde al cruzar una frontera. Pero reconocerlo exige garantizar transparencia y una explicación impecable del procedimiento. La última decisión del Tribunal Supremo ha arrojado más sombras sobre la disposición administrativa dictada por Sofía Puente, hermana del ad infinitum Alcalde Perpetuo de Atapuerca, que, ya puesta (diría para sus adentros), abrió la nacionalidad -fueran exiliados o no; abandonaran España en los años 40 o 50 del pasado siglo, o no; acompañaran a Colón en su primer viaje, o no- a todos los nietos y biznietos de los apellidos más comunes de Hispanoamérica (Rodríguez, González, López, Martínez, Hernández, Pérez, Sánchez, Ramírez, Gómez, Díaz, Fernández…).
El escrutinio general (el definitivo) comenzará el viernes 4 de diciembre, quinto día posterior a las elecciones, y a él se le sumará el voto exterior. ¿Cuenta Tezanos con información privilegiada de los consulados hispanoamericanos para hacer esa apuesta demoscópica que se sitúa en el polo opuesto de todas las demás? De ser así, el 29 de noviembre puede suceder algo que hasta ahora no habíamos vivido: que una noche electoral termine sin conocerse realmente el resultado: España podría acostarse con una aparente mayoría de derechas que, cinco o siete días después, quedaría revertida por el recuento definitivo.
Estaríamos así ante una victoria con fecha de caducidad: un jolgorio interruptus donde las celebraciones de PP y VOX y el semblante de derrota de sus adversarios, si bien maquillado de una maquiavélica sonrisa, darían paso a casi una semana de especulaciones pendientes de papeletas que han llegado desde miles de kilómetros de distancia dispuestas a enseñarnos qué es lo mejor para nosotros.
¿Y si, finalmente, el resultado exterior modificase la mayoría? ¿Y si los perdedores de la noche electoral se convirtieran en ganadores? ¿Sería legal? Naturalmente, siempre que se hayan aplicado con toda la garantía las leyes y no las instrucciones que -juzgado está- las han vulnerado. ¿Es necesariamente irregular? Claro que no, por los mismos motivos. ¿Provocaría una crisis de confianza y una controversia política? Sin duda alguna. Porque una democracia no se sostiene únicamente sobre la legalidad de sus procedimientos, que también. Además necesita que sus ciudadanos perciban que las reglas son claras, que se aplican sin favoritismos, con objetividad y que los resultados son fácilmente entendibles y verificables. Sería irresponsable ignorar el problema de credibilidad que puede producir una diferencia entre el resultado provisional y el definitivo si no se explica hasta el último detalle, no sólo cómo se han recibido, custodiado, validado y contabilizado esos votos, sino quiénes han sido los ejercientes y si -todos- estaban en posesión del más sagrado de los derechos en democracia.
La transparencia no puede improvisarse el 4 de diciembre, una semana después. Debería estar garantizada antes del 29 de noviembre y, al menos trece días antes, no lo está.
A partir de ahí, los partidos tienen una responsabilidad enorme. Especialmente quienes aspiran a gobernar. Si la izquierda obtuviera la victoria siete días después de una sonada derrota, gracias al voto exterior, tendrá que asumir que una parte muy importante de la ciudadanía exigirá explicaciones. No bastará con proclamar que las reglas han cambiado y se han cumplido. No será suficiente con presumir de haber implementado, por fin, la teoría del reemplazo (“si los españoles no nos votan, busquemos ‘españoles’ que nos voten”). Habrá que demostrarlo con documentación, trazabilidad y controles accesibles a todas las candidaturas y, principalmente, a la Justicia, aunque ésta, en la búsqueda de la verdad, vuelva a recibir acusaciones de lawfare.
España está a punto de vivir una experiencia electoral que puede resultar tan legítima desde el punto de vista jurídico como explosiva desde el punto de vista político.
Si el último domingo de noviembre gana la derecha y hacia el primer festivo de diciembre gana la izquierda, no estaremos necesariamente ante un fraude, pero sí ante una situación por investigar. Estaremos, en cualquier caso, ante un problema monumental de comunicación democrática y de confianza institucional. Y si los responsables políticos no entienden la diferencia, el daño puede ser todavía mayor.
Lo verdaderamente peligroso no es quien lo celebra el primero y quién lo hace el último. Lo verdaderamente peligroso sería que, llegado ese momento, una parte sustancial del país no creyera el resultado.
Y eso, en una democracia del XXI es jugar con fuego.





