El alcalde de Sevilla entiende que en estos momentos existe un reparto desequilibrado de los recursos, de forma que Madrid y Barcelona cuentan con un régimen con una mayor aportación estatal, y el resto de ciudades tienen mucha más dependencia de los recursos limitados de los ayuntamientos.

Para Juan Espadas “el transporte público es fundamental dentro de la estrategia de lucha contra el cambio climático y de desarrollo sostenible y es imprescindible que los ayuntamientos cuenten con más recursos para fomentar su uso entre la población”. El alcalde de Sevilla,  como presidente de la Red de Ciudades por el Clima, ha inaugurado en Gava (Barcelona) las jornadas por una economía circular y competitiva, en las que se ha reclamado un nuevo modelo de financiación para el transporte público de las ciudades de forma que cuenten con una mayor aportación estatal, se resuelvan los desequilibrios existentes en estos momentos y se favorezca una mejora de los servicios y un aumento de las inversiones.

La propuesta del alcalde de Sevilla, que viene avalada por distintos ayuntamientos y empresas públicas y concesionarias de transporte público urbano,  recoge que el transporte público factura alrededor de 4.700 millones de euros y mantiene más de 41.600 puestos de trabajo. “Es un marco de financiación injusto y que no permite resolver los problemas existentes en el transporte público de muchos ayuntamientos”, señaló el alcalde de Sevilla, quien destacó la necesidad de contar con más posibilidades para mejorar los servicios y aumentar las inversiones, que en estos momentos se realizan con recursos propios municipales exclusivamente en ciudades como Sevilla.

Los objetivos de estas inversiones son prioritariamente una renovación de la flota de autobuses demasiado antigua en muchas ciudades y su adaptación a sistemas no contaminantes, como el gas natural en el caso de Sevilla; la mejora de las instalaciones y la incorporación de nuevos servicios al pasajero, así como el fomento de la intermodalidad.

La propuesta pasa por establecer un nuevo marco para la financiación estable y garantizada de los servicios de transporte público de las ciudades  a través de aportaciones directas del Estado, una línea estable de recursos de los ayuntamientos o fondos finalistas que se puedan destinar a las inversiones que se realicen en mejoras del transporte público.