Ha provocado un terremoto informativo y la reacción en las redes de que esto ya es demasiado, de que esto de la mala gestión de la pandemia va alcanzando increíbles cotas de socialcomunismo inaceptables, intolerables, ahora invadiendo hasta la zona sagrada y supuestamente constitucional de la Guardia Civil. En lo que ya alguien ha calificado como una nueva sesión matinal de ventriloquía gubernamental, el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha lanzado una bomba a la democracia al manifestar que la Jefatura del Servicio de Información del Instituto Armado está trabajando ya para “minimizar el clima contrario al Gobierno”. Impresionante. Y también vergonzoso de un Cuerpo intachable que tantos servicios, incluyendo la entrega de muchísimas vidas, ha prestado a la democracia española. Algunos opinan sin rodeos que la realidad es que el general ha dado a conocer sutilmente, y sin saber medir las consecuencias de sus palabras, una orden ilegal que le han dado.

Hasta la Guardia Civil está desconcertada con las declaraciones del general, que arden como la pólvora de un cuartel a otro. Su propia institución le ha echado un capote aclarando que el general no sabe expresarse, que no está acostumbrado a hablar en público y que diariamente es obligado a ponerse sin saber ante los micrófonos y las cámaras de televisión. Todo muy fuerte, excesivamente fuerte e inoportuno para haberlo escuchado todo un país al que se le está pidiendo el esfuerzo del confinamiento -del que ya empieza a dar muestras verbales de hartura-, además por supuesto de soportar la propia crisis sanitaria con los partes, siempre equívocos, del número de muertos. Es mucho más, muchísimo más, de lo que podrían haber soportado las espaldas de millones de españoles que llevan padecido un estado de alarma que sobrepasa el mes.
Otro quite al general, para disculparlo ante la opinión pública que lo ha escuchado atónita, ha venido del mismísimo ministro del Interior, Grande-Marlaska, sofocando la tensa situación provocada en la ciudadanía y en el mundo de la política, alegando que las palabras del general Santiago sobre el supuesto cometido de la Guardia Civil -calificadas por todos como un grave atentado al derecho constitucional a la libertad de expresión– han sido una equivocación, determinando que lo que realmente quiso decir es que se censuran los bulos que puedan acarrear un peligro para la seguridad, pero no las críticas al Gobierno.
El Partido Popular no se ha quedado tranquilo con la aclaración del ministro, anunciando que exigirá la comparecencia del general en el Congreso de los Diputados, además de la del propio ministro. Se sospecha, aún más de lo que ya se sospechaba, que algo se esconde, que la crisis se está desarrollando con ocultismos muy peligrosos para la Nación. Muchos observadores políticos y medios de comunicación, no sujetos al soborno encubierto que han supuesto las inyecciones económicas del Gobierno a televisiones y periódicos, vienen denunciando que el estado de alarma está sirviendo para introducir un caballo de Troya que conculque los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española, una magnífica y oportuna coartada para llevar hasta el comunismo a una España arruinada en sus bolsillos. La cadena de atentados no cesa desde que se inició el estado de alarma, empezando por las ruedas de prensa controladas en las preguntas de los periodistas y siguiendo por bloquear nada menos que el Portal de Transparencia del Gobierno, mientras el vicepresidente Pablo Iglesias no ha parado de azuzar a las libertades haciendo lecturas e interpretaciones a su modo comunista sobre ciertos artículos de la Carta Magna, como las posibilidades intervencionistas del Estado.

Tampoco ha guardado silencio el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido nuevamente la dimisión del Gobierno. Para el líder de la tercera fuerza política democrática del Parlamento, el asunto gravísimo de las declaraciones del representante de la Guardia Civil lo toma como una manipulada y torticera instrumentación: “El Gobierno quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por los españoles, la Benemérita”. Santiago Abascal se dirigirá con celeridad a los tribunales para emprender «acciones judiciales urgentes contra quienes han dado las órdenes y los funcionarios que las acaten».

Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido quedarse fuera de una polémica que también le incumbe, declarando sobre el estado de alarma que no puede comprender en su ámbito “restricción de derechos absolutamente intocables”, refiriéndose al derecho fundamental de la libertad de expresión.