Idoia López Riaño ‘La Tigresa’, Enrique Letona Viteri alias ‘Masilla’ o Mercedes Galdós son alguno de los históricos integrantes de la banda terrorista ETA a los que se han embargado bienes en el marco de la operación ‘Zerga’ para que salden las deudas contraídas con el Estado y con las víctimas, según detallan a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista
La operación se ha lanzado por parte de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.
Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como ‘kale borroka’, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.
Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.
‘La Tigresa’ abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el ‘comando Madrid’ de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.
Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del ‘comando Nafarroa’ logró redimir 11 años por buen comportamiento.
En el caso de Enrique Letona Viteri, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.
Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación ‘Zerga’, que se puede traducir como tributo en vasco, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.
Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.
Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, «seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas». Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.
