El Tribunal de Arbitraje del Fútbol concluye que el Sevilla FC actuó con «manifiesta mala fe» en el caso Vitolo
«El Sevilla ha obrado con una manifiesta mala fe contractual, toda vez que, a reclamo de una de las partes del negocio jurídico, omitió una respuesta con la clara voluntar de sorprender procesalmente», dice el fallo del TAF, que el club nervionense valora recurrir
El Tribunal Arbitral del Fútbol, dependiente de LaLiga, ha dictado un laudo este lunes –cuyo texto reproduce iusport– por el que ha dado la razón a la Unión Deportiva Las Palmas en el conflicto surgido con el Sevilla FC a raíz de la incorporación del jugador Víctor Machín ‘Vitolo’ en el mes de julio del año pasado al equipo canario y posterior pase al Atlético de Madrid en enero.
Los abogados que representaron a la UD Las Palmas fueron Mario Resino, Javier Hervás, Mario Ghosn y Lino Chaparro.
El tribunal ha condenado también a la entidad presidida por José Castro a indemnizar al conjunto canario con 4.106.025 euros más el 12,5% de la plusvalía generada con ocasión del pago de los 35.805.000 euros ejecutado por el Atlético de Madrid. El Sevilla FC también deberá pagar un 3% anual de intereses de demora y hasta 50.000 euros por las costas del arbitraje.
El Sevilla FC, por su parte, emitió este lunes por la noche ujna nota en la que sopera recurrir el fallo: «El Tribunal de Arbitraje del Fútbol de la Liga de Fútbol Profesional ha dictaminado a favor de la UD Las Palmas en su reclamación ante el Sevilla FC por el porcentaje del 12,5 por ciento del importe abonado por la rescisión unilateral del contrato por parte del jugador Víctor Machín Pérez, Vitolo, en el pasado verano. Ante esta resolución, el Sevilla FC ahora estudiará en los próximos días el laudo arbitral y valorará la posibilidad de recurrirlo», dice la escueta nota
El conflicto surge a raíz de la polémica marcha del extremo el pasado verano del Sevilla al Atlético de Madrid, cuando en principio tenía un acuerdo con el conjunto andaluz para renovar. Puesto que el jugador no podía ser inscrito en las filas del Atlético de Madrid debido a la sanción que la FIFA al conjunto rojiblanco, la entidad madrileña decidió pagar la cláusula de rescisión del jugador para que jugara en calidad de cedido en la UD Las Palmas hasta el 1 de enero de 2018.
La inesperada marcha de Vitolo del Sevilla generó un desencanto en la directiva que decidió recurrir a los tribunales. La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, presentó una Solicitud de Arbitraje el pasado 12 de septiembre y tres días después, el órgano convocó a las partes a una comparecencia para iniciar el procedimiento.
En el laudo se destaca que la UD Las Palmas alegó que Vitolo «haciendo uso de la facultad legalmente prevista y contractualmente pactada con el Sevilla, procedió a desvincularse de este último para prestar servicios en el Atlético mediante el pago del importe económico convenido con el Sevilla«. Además, en un argumento valorativo sobre si Vitolo estuvo forzado o libremente decidió marcharse cedido a Las Palmas, el laudo razona que «el pago de la cláusula de rescisión comportaría que existiera consentimiento en la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador entre las tres partes involucradas».
El Tribunal atribuye al Sevilla un «quebrantamiento de la doctrina de los propios actos», afirmando que el conjunto hispalense aceptó las condiciones económicas de la transferencia de los derechos federativos de Vitolo al Atlético de Madrid «hasta que retiró de la LFP el importe abonado por el Atlético, para, posteriormente, desatender las obligaciones económicas contraídas con Las Palmas en el Contrato de Transferencia».
«Mala fe» del Sevilla
En el laudo se concluye que el Sevilla actuó con «manifiesta mala fe contractual». El 19 de julio de 2017 Las Palmas envió al Sevilla a través de un correo electrónico al director general del club la factura por valor de los 4.091.000 euros con el fin de obtener el pago del 12,5% sobre la plusvalía obtenida por el Sevilla. El laudo destaca que Las Palmas no obtuvo respuesta por parte del Sevilla.
Ello ha llevado al órgano a deducir que «el Sevilla ha obrado con una manifiesta mala fe contractual, toda vez que, a reclamo de una de las partes del negocio jurídico, omitió una respuesta con la clara voluntar de sorprender procesalmente».
Sobre la rescisión del contrato de trabajo de Vitolo con el Sevilla, el laudo argumenta que «la desvinculación de Vitolo del Sevilla puede considerarse como el supuesto prototípico de una ruptura contractual por parte del Jugador que el Sevilla ha tratado de evitar y contra la que ha luchado hasta lo indecible». Sin embargo, parece ganar peso el hecho de que se abonara la cláusula de rescisión del jugador: «el jugador, acompañado de un mandatario verbal del Atlético, compareció en la LFP y depositó a disposición del Sevilla un cheque por importe de 35 millones de euros más un cheque correspondiente a la variación del IPC».
En cuanto al papel de la Unión Deportiva Las Palmas en la «terminación unilateral del contrato de trabajo» de Vitolo y el Sevilla, el laudo considera que «no procede la participación alguna de Las Palmas en la indemnización prevista en la Cláusula 2.3 del Contrato de Transferencia».
EXTRACTO DEL LAUDO ARBITRAL
TRIBUNAL ARBITRAL DEL FÚTBOL
– Demandante.- UD Las Palmas PALMAS
– Demandado.- Sevilla Fútbol Club, S.A.D.
– Fecha del laudo: 7 de mayo de 2018.
ANTECEDENTES DE HECHO
El 1 de julio de 2011, el jugador profesional D. Víctor Machín Pérez («Vitolo» o el «Jugador») suscribió un contrato de trabajo con Las Palmas. En dicho contrato, se estableció una cláusula de rescisión de 12.000.000 de euros.
A finales del mes de junio del año 2013, el Sevilla comienza a mostrar interés por adquirir los derechos federativos y económicos del Jugador y, a estos efectos, ambos clubes inician conversaciones y negociaciones antes de cumplimentar la transferencia de los derechos federativos y económicos del Jugador.
El 1 de julio de 2013, las Partes alcanzaron un acuerdo definitivo para la transferencia de los derechos federativos y económicos del Jugador a favor del Sevilla, en virtud del cual el Jugador iniciaba una nueva prestación de servicios para el Sevilla. El referido acuerdo se sustenta en un contrato de transferencia de jugador profesional (el «Contrato de Transferencia»).
EXTRACTO DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
El Tribunal Arbitral considera que la Demandante habría acreditado la interpretación común de las Partes en el sentido de admitir que el concepto de «traspaso» en la Cláusula SEGUNDA.2.3. sería comprensiva de un supuesto de transmisión de derechos, sin quedar condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones como alega la Demandada.
El Tribunal Arbitral es consciente de que los términos de la Cláusula SEGUNDA.2.3. «Rendimiento Económico» se contemplan de forma muy amplia a favor de Las Palmas en el sentido de que tendría derecho a percibir el porcentaje acordado con el Sevilla, sin modificación alguna -«(…) sin que ello suponga modificación del % a favor de la UDLP»- en cualquier caso e incluso en el supuesto como el que ahora nos ocupa de rescisión unilateral de forma ilimitada.
Así se acordó que «A estos efectos el SFC tendrá absoluta libertad para determinar libremente las condiciones contractuales del jugador, incluyendo en su caso la cláusula de indemnización en caso de rescisión unilateral sin justa causa en todo momento sin que ello suponga modificación del % a favor de la UDLP».
El Tribunal Arbitral considera que los actos anteriores expuestos, que son claros y se consideran indubitados, tienen especial importancia a la hora de interpretar las consecuencias de la Cláusula SEGUNDA.2.3. «Rendimiento Económico» del Contrato de Transferencia, que nos llevan a ratificar la existencia de una obligación del Sevilla de abonar la cantidad ahora reclamada por Las Palmas.
Después de analizar los actos anteriores a la firma del Contrato de Transferencia, el Tribunal Arbitral también tiene en cuenta los actos posteriores, que ratifican la común intención de las Partes en aquél contrato.
a. El Sevilla, consecuencia de dicha libertad contractual para determinar libremente las condiciones contractuales del Jugador, suscribió con él un primer contrato de fecha 4 de julio de 2013, otro posterior de 29 de mayo de 2015 y uno final de fecha 26 de agosto de 2016. En virtud de este último, la Demandada habría percibido 35.805.000 euros del Club Atlético de Madrid, S.A.D. cuando se produjo la resolución por el Jugador como medio para su traspaso.
b. La Demandada, una vez depositado por el Atlético de Madrid, con fecha de 12 de julio de 2017, el importe contemplado en la Cláusula de Resolución Unilateral sin justa causa por el Jugador según el Contrato de 26 de Agosto de 2.016, retiró el cheque bancario depositado ante la LNFP y dispuso de él. Así consta en sus cuentas anuales tal y como veremos a continuación. De igual forma, en un escrito, de 24 de julio de 2017, la Demandada manifiesta la retirada de dicha cantidad, aunque discrepe de su importe por las razones que expone que son ajenas al presente procedimiento arbitral y respecto de las cuales el Tribunal Arbitral no entra en su consideración. No solamente retiró el citado cheque bancario y lo hizo efectivo, sino que consideró que la citada cantidad sería insuficiente, en su opinión, a la acordada con el Jugador también según analizamos a continuación.
c. Constan en el presente procedimiento arbitral los siguientes contratos:
l. Contrato entre Las Palmas, el Atlético de Madrid y el Jugador, de 11 de julio de 2017, por el que acuerdan la prestación de servicios por el Jugador en aquél Club hasta el 1 de enero de 2018 debido a la decisión contenida en el laudo del TAS/CAS (CAS 2016/A/4805), por la que éste equipo es sancionado en la contratación de nuevos Jugadores hasta el año 2018.
II. Contrato de 12 de julio de 2017 entre Las Palmas y el Jugador, en virtud del cual prestaría sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2017 en este club.
III. Los Contratos entre el Atlético de Madrid y el Jugador de 12 de julio de 2017, en el que las Partes acuerdan la incorporación diferida del Jugador al ejercicio de 2018 y contemplan las condiciones para el pago de la Cláusula de Rescisión por este Club al Sevilla; y el de 2 de enero de 2018, suscrito entre las mismas partes, en el que se acuerda la incorporación efectiva del Jugador a este club.
IV. Acta de Comparecencia del Jugador ante la LNFP, redactada el 12 de julio de 2017 junto con un representante del Atlético de Madrid, por el que procedía a resolver el contrato de 26 de agosto de 2016, suscrito con el Sevilla, y a depositar la cantidad correspondiente a tal resolución.
Pero lo relevante para el Tribunal Arbitral es que la Demandada, con sus actos, viene a reconocer la concurrencia de los tres clubes antes citados en la operación de traspaso del Jugador.
De todos los actos posteriores expuestos previamente, el Tribunal Arbitral considera acreditado la existencia un conjunto de pactos entre las Partes, el Jugador y el Atlético de Madrid realizados con una triple finalidad:
a. Resolver, en primer lugar, el contrato del Jugador con el Sevilla, para lo cual se pagó la indemnización estipulada en el Contrato de 26 de agosto de 2016.
b. Contratar, por Las Palmas, al Jugador con carácter temporal y hasta el 1 de enero de 2018 como consecuencia de la sanción impuesta al Atlético de Madrid de no poder fichar a nuevos Jugadores hasta la citada fecha.
c. Incorporar de forma definitiva al Jugador al Atlético de Madrid a partir del 2 de enero de 2018.
Todo lo anterior desvirtuaría las afirmaciones de la Demandada respecto de la consideración de la Demandante como tercero ajeno al cobro de la indemnización pactada entre las Partes en el Contrato de Transferencia.
En cualquier caso, quedaría acreditada la concurrencia de una voluntad conforme de los tres clubes, Sevilla, Las Palmas y Atlético de Madrid, S.A.D. para el traspaso del Jugador, mediante la resolución del contrato que le ligaba a la Demandada. Lo cual daría entrada a la aplicación de la Cláusula SEGUNDA.2.3. «Rendimiento Económico» del Contrato de Transferencia entre las Partes del presente procedimiento.
El Tribunal Arbitral considera que la Demandada, con esta actuación, estaría reconociendo que el importe abonado por el Atlético de Madrid, lo ha sido en concepto de traspaso mediante su incorporación definitiva a la plantilla de este club, después de haber estado adscrito a Las Palmas hasta el 31 de diciembre de 2017, una vez resuelto el Contrato de Transferencia por el Jugador.
En definitiva, el Tribunal Arbitral considera que mediante una interpretación integradora del Contrato de Transferencia y los actos de las Partes, anteriores y posteriores según hemos expuesto, podemos concluir sin duda alguna que se conviene a la firma del contrato, según sus términos literales y según es ratificado con posterioridad -mediante diversos actos-, que el derecho al cobro de una participación del 12,5% sobre el rendimiento económico derivado del traspaso definitivo del Jugador a un tercer club, el Atlético de Madrid, realizado en los términos expuestos previamente, determina el derecho al cobro por Las Palmas de la cantidad contemplada en la Cláusula SEGUNDA.2.3. «Rendimiento Económico» del Contrato de Transferencia, aunque el traspaso hubiera sido realizado mediante una resolución previa del contrato por el Jugador.
Conclusión
Todo lo anterior nos conduce a la conclusión final de que de los términos de las Cláusulas del Contrato de Transferencia determinan:
a. El derecho de Las Palmas al cobro de la cantidad que ahora reclama y que cifra en 4.106.025 euros, más la cantidad que corresponda por impuestos, en concepto del 12,5% según la Cláusula SEGUNDA.2.3. «Rendimiento Económico» del citado contrato por la plusvalía generada con ocasión del pago de 35.805.000 euros realizado por el Atlético de Madrid, S.A.D. por el traspaso del Jugador. El Sevilla deviene obligado al pago de esta cantidad.
b. A la citada cantidad habrá que añadir el abono por el Sevilla, en concepto de interés legal del dinero al 3% anual desde la fecha en que debió realizarse el pago, esto es, 30 días desde que se hizo efectivo el pago por el Atlético de Madrid, S.A.D. en fecha de 12 de julio de 2017.
c. La Demandante tendrá derecho al abono de un importe equivalente al 12,5% de cualquier cantidad que, eventualmente, pudiera percibir el Sevilla como consecuencia de la Demanda interpuesta ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social de Sevilla contra el Jugador y con carácter subsidiario contra el Atlético de Madrid, S.A.D. y la propia Demandante.
Actos propios y costas
Una última consideración debemos hacer sobre la actuación del Sevilla en relación a su postura mantenida en el presente procedimiento arbitral en relación con sus actos propios.
La doctrina de los actos propios, bien sea considerada como un verdadero principio generaldel Derecho, en el que tiene especial importancia la buena fe hasta el punto de que la vulneración de la misma constituye uno de sus elementos esenciales, o bien sea considerada como una manifestación del principio general de buena fe, es decir, como un subespecie del mismo, es admitido plenamente por la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias del Tribunal Supremos de 16 de febrero de 1996; 20 de febrero de 1997; 16 de febrero de 1998; 9 de julio de 1999; 28 de enero de 2000 y 9 de mayo de 2000; 28 de octubre de 2008; entre otras muchas) y encuentra su apoyo legal en el artículo 7.1 del Código Civil, que ha positivizado el principio general del derecho a la buena fe («los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe» ).
En definitiva, el principio «venire contra factum propio non valet» o doctrina de los actos propios que citábamos afirma que «el ejercicio de los derechos debe compadecerse con los actos anteriores de las partes que los postulan, pues de lo contrario se contraviene la buena fe».
Para saber cuándo estamos ante una conducta que vulnera la prohibición de ir contra los propios actos, es necesario conocer cuáles son los presupuestos de su aplicación. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo mencionada, tales presupuestos son los siguientes:
a. Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz: una conducta vinculante.
b. Que, posteriormente, esa misma persona intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una determinada pretensión: una pretensión contradictoria.
c. Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior: la contradicción.
d. Que en ambos momentos y actuaciones, conducta anterior y pretensión posterior, exista perfecta identidad de sujetos: la identidad de sujetos.
Todos estos parámetros concurren ahora en la reclamación formulada ahora por Las Palmas contra el Sevilla. En efecto, i) existe una conducta de la Demandada derivada del Contrato de Transferencia y sus actos anteriores y posteriores, que serán demostrativos de la obligación de pago de la cantidad ahora reclamada; ii) posteriormente, una vez concurren todos los presupuestos para el pago por la Demandada no lo lleva a efecto; iii) la contradicción entre estas dos situaciones es evidente; iv) la identidad de los sujetos que dan lugar a la contradicción también lo es.
Debemos reiterar los criterios a considerar en la interpretación de los contratos que mencionábamos, el principio de autorresponsabilidad de las actuaciones efectuadas por la Demandada y el principio de la confianza y la buena fe en las declaraciones y actuaciones efectuadas que se proyectan sobre la Demandante, que también son tenidos en cuenta para evaluar los actos propios de las Partes.
Es cierto que los contratos nacen para ser cumplidos, pero no es menos cierto que deben serlo en los términos acordados por las Partes, teniendo siempre en cuenta la doctrina sobre actos propios que mencionábamos.
Todo lo anterior nos conduce a la conclusión, en virtud de la doctrina de los actos propios expuesta, de la existencia de una clara mala fe en la actuación de la Demandada, con las consecuencias que se le atribuyen en este Laudo en relación a las costas. Ello determina que sea condenada a su pago que, en nuestro caso concreto, comprenden los siguientes conceptos y cuantías:
a. Los derechos de admisión y administración del Tribunal Arbitral de Fútbol, de acuerdo con sus aranceles, por importes de 600 euros, IVA no incluido.
b. Los honorarios del Tribunal Arbitral, mediante la aplicación de los aranceles del Tribunal Arbitral de Fútbol, por importe por cada árbitro de 18500 euros, IVA no incluido.
c. Los honorarios de los abogados de la Demanante y lo gastos en que hubieran podido incurrir.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal Arbitral que conoce del presente proceso arbitral, resuelve de la siguiente manera:
1. Se estima la demanda de arbitraje interpuesta por la Unión Deportiva Las Palmas, SAD, contra el Sevilla FC, SAD.
2. Se condena al Sevilla FC, SAD, a abonar a la Unión Deportiva Las Palmas, SAD, la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL EUROS CON VEINTINCO CÉNTIMOS DE EURO (4.106.025 euros), más la cantidad que corresponda al impuesto en cuestión, en concepto del 12,5% de la plusvalía generada con ocasión del pago de 35.805.000 euros realizado por el Club Atlético de Madrid, S.A.D., en nombre del Jugador, todo ello en aplicación de la cláusula 2.3. del Contrato de Transferencia de Jugador Profesional de fecha 1 de julio de 2013.
3. Se condena al Sevilla FC, SAD, a abonar a la Unión Deportiva Las Palmas, SAD, la cantidad que corresponda en concepto del interés legal del dinero calculado al tipo del 3 % anual, desde la fecha en la que hubo de realizarse el pago (30 días desde que se materializó el pago por parte del Club Atlético de Madrid, S.A.D.), en concepto de rendimiento económico acordado en el Contrato de Transferencia de Jugador Profesional el 1 de julio de 2013.
4. Se condena al Sevilla FC, SAD, a abonar a la Unión Deportiva Las Palmas, SAD, un importe equivalente al 12,5% de cualquier cantidad que, eventualmente, pudiera percibir el Sevilla como consecuencia de la Demanda interpuesta ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social de Sevilla contra el Jugador y con carácter subsidiario contra el Atlético de Madrid, S.A.D. y la propia Demandante.
5. Se condena al Sevilla FC, SAD a abonar a la Unión Deportiva Las Palmas, SAD, la cantidad de hasta 50.000 euros (impuestos incluidos), por todos los conceptos de costas y gastos del presente arbitraje.
