Torra ha sido condenado a su inhabilitación para ejercer cargos públicos resultados de una elecciones e inhabilitado igualmente en sus competencias para gobernar. Así queda definitivamente el veredicto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que viene a estar de acuerdo con la anterior sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, producida en diciembre de 2019. Por lo tanto, el presidente de la Generalitat dejará de serlo, además de ser condenado al pago de una multa de 30.000 euros.
La sentencia ha sido acordada por unanimidad de los miembros del Tribunal Supremo. Los motivos razonados han sido desobedecer de manera “contumaz y obstinada” los criterios de la Junta Electoral Central, que exigió a Torra -sin que lo hiciera- descolgar de las fachadas de los edificios públicos e institucionales las pancartas que, durante la campaña electoral de abril de 2019, pedían la libertad de los políticos encarcelados por el procés.
Los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña calificaron en diciembre pasado la conducta de Torra como de “recalcitrante y reiterada actitud desobediente”.
Ahora, la defensa de Torra ha visto caer como rechazados por el Supremo sus motivos alegados para obtener una sentencia favorable y absolutoria al presidente, que finalmente no se ha producido. Ni siquiera se ha admitido el pretexto de la inmunidad parlamentaria. Y el Alto Tribunal ha dejado claro que Torra desobedeció a un órgano constitucional, la Junta Electoral Central, cuyas órdenes fueron desobedecidas reiteradamente por el hasta ahora presidente de la Generalitat.
La sentencia cierra toda puerta a Torra para que desde otro cargo público pueda escapar a la ley:
“Constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los Poderes Públicos que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas Elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal”.
Consideración final del Tribunal Supremo que impide a cal y canto más vulneraciones de Torra al ordenamiento jurídico en general y a la Constitución en particular.
