En España la inmigración ya es el segundo problema que más preocupa, según el CIS. Por delante solo está la vivienda. Y sin embargo seguimos hablando de ella como si fuera un debate de pancarta.
La izquierda te dice que acoger es un deber moral. Que es solidaridad. Que es justicia global. La derecha te dice que hay que controlar la frontera, defender la identidad y garantizar la seguridad.
Vale. Muy bonito en un mitin.
Pero luego vas a un invernadero en Almería, a un hotel en Benidorm en agosto, a una residencia de ancianos en cualquier pueblo de Soria, y te das cuenta de que los dos viven del mismo negocio: que sigan viniendo trabajadores de fuera.
¿De verdad se pelean por esto o solo se reparten los papeles?
Miremos los números, que no tienen ideología. España tiene 1,12 hijos por mujer, según el INE de 2024. La edad media roza los 45 años. Y tenemos más de 10 millones de pensionistas que cobrar cada mes. El sistema no se sostiene si no entra gente cotizando. Eso lo sabe el PSOE, lo sabe el PP y lo sabe Vox, aunque en campaña diga lo contrario.
El problema no es que venga gente a buscarse la vida. Faltaría más. El problema es que hemos construido un país que necesita que venga gente porque no somos capaces de arreglar lo nuestro.
No pagamos lo suficiente en hostelería, en el campo, en los cuidados. No hemos cambiado un modelo productivo que vive de la mano de obra barata y del ladrillo. Y en vez de subir salarios, mejorar la productividad o hacer que tener un hijo no sea una ruina, lo fácil es importar trabajadores.
Es más cómodo traer a 500.000 personas al año que reformar el mercado laboral. Es más cómodo sumar cotizantes que enfrentarte a por qué los jóvenes españoles se van a Alemania o a Irlanda. Es más cómodo sostener sectores enteros con gente que cobra poco y no protesta mucho, que obligar a esos sectores a modernizarse.
Y ojo, que aquí hay intereses para todos.
A una parte de la izquierda le viene bien presentarse como la defensora de los migrantes. Le da relato, le da militancia, le da votos futuros. A una parte de la derecha, sobre todo a la patronal que la financia y la aplaude, le viene bien tener mano de obra abundante y dócil para no tener que subir sueldos.
Unos ganan el discurso de los derechos humanos. Otros ganan trabajadores baratos. Y en medio, los de siempre pagando el pato.
Porque cuando llegan 100.000 personas a una ciudad y no has construido vivienda, ni has ampliado el centro de salud, ni has puesto más profesores, el que sufre no es el ministro ni el empresario. Es la familia del barrio que lleva un año esperando una cita con el pediatra o que no puede pagar un alquiler de 900 euros.
No se trata de cerrar la puerta ni de abrirla sin mirar. Se trata de algo mucho más aburrido y mucho más necesario: calcular cuánta gente podemos acoger de verdad, dónde, con qué trabajo y con qué servicios. Y decirlo en voz alta.
Pero eso exige gobernar. Y gobernar es incómodo.
Por eso prefieren el teatro. Unos con la bandera de la solidaridad, otros con la bandera de la patria. Mientras tanto, el modelo sigue igual: una economía que necesita inmigrantes porque no se atreve a reformarse.
La pregunta no es si eres de los buenos o de los malos. La pregunta es: ¿quién gana con este sistema y quién paga la factura?
Hasta que ningún gobierno se atreva a responder eso con cifras encima de la mesa, todo lo demás será postureo. Un pacto tácito de cinismo en el que cada uno saca su tajada y nadie quiere discutir el precio colectivo.





