El Gobierno español ha asegurado que «hace días» que ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española en la que está inmerso el juez Pablo Llarena, y afirma que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defenderle
Ante la demanda presentada contra el juez por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo –que recuerda debe resolverse su aceptación–, el magistrado solicitó amparo al CGPJ que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto su petición para la adopción de «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica«.
«El Ejecutivo ha atendido todas las indicaciones del CGPJ hasta este momento, defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española que, en el futuro, pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente», se ha defendido el Gobierno ante las acusaciones del PP y Cs de no amparar al juez en el procedimiento judicial y de no dar cumplimiento a las medidas solicitadas por el CGPJ.
Así, el Ejecutivo asegura que «de manera inmediata», al tratarse de un caso conducido por los tribunales ordinarios belgas, el ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado, para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente a España ante los tribunales de Bélgica. Al respecto, el ministerio de Justicia espera que «en breve» culminen los trámites para la contratación del despacho de abogados en este país «en defensa de los intereses de España».
«El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente», ha concluido el Ejecutivo.
