El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (de Ciudadanos), ha anunciado que los niños están obligados a asistir a sus colegios en cuanto se inicie en septiembre el nuevo curso escolar. Un documento de la Junta de Andalucía, el Decálogo de Educación para el Curso 2020/ 2021, establece que si los padres deciden no llevar a sus hijos a clase por temor a los contagios del coronavirus, se pondría en marcha el protocolo de absentismo escolar, que en un momento dado implicaría dejar a los menores en manos de los servicios sociales o municipales. 

 La comunidad educativa está que trina con la “dura, totalitaria e inhumana” advertencia del consejero Imbroda (de Ciudadanos), criticado ferozmente  -atacado con uñas y dientes se podría decir- por sindicatos, directores y padres de alumnos, además de los ayuntamientos, como en el caso del de Sevilla, porque estiman que el consejero se ha quitado de encima, arrojándola sobre los ayuntamientos,  la responsabilidad enorme que no es competencia municipal. El Ayuntamiento de Sevilla ha atacado sin contemplaciones a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, calificando de endoso que no le corresponde la responsabilidad de mandar forzosamente a los niños al colegio en un tiempo en el que están aumentando los rebrotes y no se consigue poner fin, ni por asomo, a los contagios del Covid-19.  

El teniente de alcalde y delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento sevillano, Antonio Muñoz, no se ha callado para denunciar que el consejero Imbroda les lance este irresponsable desafío al que se niegan en rotundo  los directores de colegios e institutos, sobre quienes el concejal socialista dice que no le gustaría estar en su pellejo para tener que afrontar semejante situación. Sin embargo,  el consejero Imbroda ha ordenado  enviar temerariamente a los menores al colegio, sin las garantías necesarias y las medidas de seguridad, según la opinión de los sectores afectados. 

El Decálogo de Educación para el Curso 2020/ 2021 parece inflexible en recoger sólo y exclusivamente que el alumno ha de acudir a sus clases presencialmente. Las redes están que arden con lo que estiman una atrocidad contra niños menores de Primaria y Secundaria Obligatoria, que declaran abiertamente como “una barbaridad del consejero Imbroda, que consiste en meter en el foco del peligro a los hijos de los demás que no son sus hijos”. Y hay comentarios que señalan como “una locura prohibir ahora en Andalucía, precisamente ahora con los rebrotes, la escolarización a distancia o en casa”.  

La Junta admite excepciones según el Decálogo, justificaciones las llama. Pero todo el mundo cree que son papel mojado y que además no hay porqué justificar ni acreditar nada. “Estamos padeciendo una pandemia, los contagios y las muertes de muchos jóvenes vuelven a estar en los datos diarios. ¿Qué más justificación quiere la Junta de Andalucía? Es de una crueldad intolerable”. Otros se manifiestan con no menos claridad y contundencia en sus argumentos en contra del consejero Imbroda: “El protocolo de absentismo escolar se impulsa para los casos de faltas a clase injustificadas. ¿Cómo puede haber llegado la Junta de Andalucía a tergiversar y manipular a su antojo la ley, considerando que desear proteger a los hijos de un contagio potencialmente mortal es faltar injustificadamente? ¿Cómo se atreven a llamar injustificado al temor por la vida de los hijos ajenos, los hijos que no son los suyos, qué comunismo es este en la Junta de Andalucía?”. 

Las explicaciones del consejero Imbroda, procurando atenuar la crispación de la ciudadanía andaluza en todas partes, han soliviantado aún más a la población. La Plataforma Escuela de Calor, bajo la dirección de la Federación de AMPA, la peligrosa amenaza de la Junta de Andalucía y de su Consejería de Educación y Deporte (competencia de Ciudadanos) es «impropia en una democracia consolidada”. Y afirma la Plataforma: “Queremos educación presencial, pero sin que ello nos obligue a exponer la salud». Ha dejado clarísimo que ante este totalitarismo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla “nos vamos a defender, seremos miles”.  

En las redes, miles de comentarios se enervan contra el consejero Imbroda, manifestando que “la Junta de Andalucía es incapaz de invertir en contratar más profesores para lograr mantener las distancias de seguridad, pero sí se atreve a la canallada de someter a la comunidad educativa al riesgo diario del contagio de un virus mortal”. La Consejería alega respecto de estas acusaciones colectivas que en el próximo curso habrá 6.300 docentes nuevos para hacer viable el desdoble de grupos en aulas con más de 20 alumnos. También suman a los 6.300 los más de 800 profesionales de la enseñanza que cubrirán las horas en las que los coordinadores Covid desempeñen su función específica, de 3 a 7 horas por semana.  

En cualquier caso, muchos padres opinan que los equipos directivos podrán “lavarse las manos” si ocurre lo peor, pues quedan exentos de responsabilidad civil o penal al ser imposible localizar el foco u origen del contagio, si dentro de la escuela o fuera de ella. 

Miles de personas preparan ya promover la dimisión del consejero Javier Imbroda, pues la comunidad educativa ha estado en desacuerdo con su gestión desde que ocupó el cargo, resultado de los acuerdos entre el PP y Ciudadanos (el partido de Imbroda) para repartirse las consejerías del entonces recién constituido Gobierno andaluz. La Plataforma Escuela de Calor advierte: «Nos defenderemos hasta donde haya que llegar. Es la salud y la educación de nuestros hijos lo que estamos defendiendo ante una Administración irresponsable que no ha hecho la planificación y la inversión de recursos que desde marzo sabe que le tocaba hacer».