El BCE acelera el euro digital. Dudas sobre privacidad, dependencia tecnológica y estabilidad financiera
La propuesta del euro digital entra en una fase decisiva mientras los gobiernos europeos mantienen abiertas las negociaciones del reglamento que permitiría al Banco Central Europeo (BCE) emitir una nueva moneda minorista basada en tecnología digital. Tras cerrar la fase de investigación en 2023, el BCE trabaja desde 2024 en la fase de preparación técnica, con pilotos con bancos europeos, pruebas de infraestructura y el diseño de una tarjeta física que permitiría realizar pagos offline, una de las exigencias más repetidas por los Estados miembros.
Sin embargo, este avance técnico contrasta con el bloqueo político. El reglamento continúa encallado en el Parlamento Europeo, donde varios grupos piden garantías adicionales sobre privacidad, límites estrictos al acceso a datos por parte del Eurosistema y un encaje jurídico más claro entre la nueva moneda y la banca tradicional.
El contexto digital respalda la intención del proyecto. Los consumidores de la zona euro realizaron 67.000 millones de transacciones sin efectivo en el primer semestre de 2023, un crecimiento interanual del 10,1 %, y un 55 % afirma preferir métodos digitales. No obstante, este impulso no resuelve las dudas sobre la necesidad real del euro digital ni elimina las reticencias sobre sus implicaciones sociales y financieras.
Entre las voces más críticas se encuentra Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, que considera que el euro digital se aleja de lo que la ciudadanía entiende como efectivo.
“El BCE lo ha definido como una versión digital del efectivo, pero no lo es. No es anónimo, ni libre, ni tangible. Es un apunte en una base de datos controlada, emitido sin respaldo físico y sin garantía alguna de privacidad”, advierte.
El abogado también critica la falta de consulta pública previa. “Imponerlo sin referéndum, sin debate público real y sin consentimiento es un error. La relación entre el ciudadano y su dinero desaparecerá tal y como la conocemos, y eso necesita de un nuevo contrato social entre el Estado y el pueblo”.
Privacidad y vigilancia: el debate central
El BCE sostiene que los pagos offline ofrecerán un nivel de privacidad similar al efectivo. Sin embargo, reconoce que los pagos online no serán anónimos. El debate se focaliza en qué datos podrán consultarse, con qué justificación y bajo qué supervisión.
Marín lo resume de forma contundente. “El Eurosistema podría acceder a algunos datos en los pagos online con la intención de prevenir actividades ilícitas, abriendo la puerta a una vigilancia masiva y al control de hábitos de gasto de los ciudadanos”. A ello añade riesgos adicionales relacionados con la ciberseguridad. “Las instituciones pueden ser objeto de filtraciones de datos, poniendo en peligro la información financiera de los ciudadanos”.
Dependencia tecnológica y el impacto del apagón del 28 de abril
El apagón del 28 de abril, que dejó temporalmente sin servicio eléctrico y digital a varias regiones europeas, evidenció la fragilidad de un sistema basado exclusivamente en tecnología. En un escenario de interrupción severa, millones de ciudadanos podrían quedar sin acceso inmediato a su dinero digital. Este episodio reforzó el argumento de mantener el efectivo físico como respaldo imprescindible.
Efectos sobre el efectivo y sobre la banca
Los documentos internos más tempranos elaborados por el BCE sugerían un posible desplazamiento del efectivo si la adopción del euro digital era elevada. En 2025, la institución evita cifras concretas y recuerda que el impacto dependerá del diseño final y del comportamiento de los usuarios.
El límite de almacenamiento, planteado en 3.000 euros para evitar salidas masivas de depósitos de la banca comercial, continúa generando incertidumbre. Marín insiste en este punto. “Estas líneas rojas aún no son claras, lo que abre la puerta a una reducción de la capacidad de los bancos para otorgar créditos si se da un traslado masivo de depósitos”.
Un encaje jurídico pendiente
A diferencia del efectivo, el euro digital no figura en los tratados de la Unión Europea. Su implementación requiere un reglamento específico que determine quién controla la emisión, qué datos pueden tratarse, qué nivel de privacidad se garantiza, cómo se integrará en el sistema financiero existente y cómo se actuará ante fallos sistémicos o ciberataques. La falta de definición en estos elementos explica gran parte del bloqueo político actual.
¿Un proyecto necesario o precipitado?
Para los defensores del euro digital, Europa necesita reaccionar ante el avance del yuan digital en China y el debate acelerado sobre un dólar digital en Estados Unidos. Temen una pérdida progresiva de influencia monetaria internacional si la eurozona no se moderniza.
Marín sigue sin ver una justificación sólida. “De hecho, tampoco existe una necesidad real. Aunque la digitalización es tendencia, el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado y valorado por su anonimato y facilidad de uso, lo que hace prescindible introducir una moneda digital. Sin embargo, el problema principal está en cómo se quiere implementar”.
El abogado recuerda que el ecosistema digital actual ya cubre las necesidades de pago sin introducir riesgos sistémicos nuevos. “Paypal, Bizum, plataformas de BNPL o monederos digitales”, afirma, permiten operar de forma eficiente sin alterar la arquitectura financiera.
