Los sindicatos médicos han conseguido que el Tribunal Supremo exija rendir cuentas al Ministerio de Sanidad para que cada 15 días le informe del protocolo establecido para adoptar todas las medidas a su alcance, a fin de llevar a cabo la mejor distribución del material que haga posible la protección del personal sanitario en su trabajo para combatir los contagios.

En realidad, la primera pretensión de los sindicatos médicos fue que el Tribunal Supremo declarara si existía inactividad por parte del Ejecutivo. Pero eso ha quedado pendiente de sentencia firme. Lo que por ahora sí han conseguido del Alto Tribunal es que el Ministerio de Sanidad comunique cada 15 días al Supremo el cumplimiento del protocolo para que los profesionales sanitarios no carezcan, como ha ocurrido en tantos centros, del material adecuado para protegerse de posibles contagios, los que se han contado por miles e incluso se han cobrado las propias vidas de muchos médicos.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha logrado esta medida de carácter cautelar, aunque también es verdad que llega tras otros dos intentos de solicitudes que fueron denegadas.

El control al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Sanidad, abarca la distribución del material de protección tanto al personal sanitario como a las comunidades autónomas.

La decisión del Tribunal Supremo está tomada sin entrar a valorar si existe o no inactividad por parte de la Administración, como inicialmente fue la pretensión de los recurrentes, cuestión pendiente de sentencia. Pero sí es una decisión guiada por atender el interés público de preservar el derecho fundamental a la integridad física y a la salud de los profesionales sanitarios y de los pacientes a quienes asisten.

Por más que la Administración, a través del abogado del Estado y de la Fiscalía, se opuso a las pretensiones de los sindicatos médicos; por más que la Abogacía del Estado presentó la documentación con la que buscó justificar la gestión realizada antes y después del estado de alarma, el Tribunal Supremo considera en su auto que “es notorio que los profesionales sanitarios no han contado con todos los elementos de protección necesarios”, añadiendo que los derechos a la integridad física y a la salud de los profesionales sanitarios requieren “toda la tutela posible” en estos momentos “excepcionales”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que de la gran cantidad de contagios en los sanitarios tuvo fue causante la «indebida» protección al inicio de la pandemia.