Además de la ampliación de la fase de instrucción, la juez ha acordado recabar de la Dirección del Hospital documentación relativa a las medidas de seguridad referidas al traslado de enfermos por los celadores-camilleros, que deben figurar en el Plan de Seguridad y Salud del Centro Hospitalario, y la documentación relativa a la formación dada en dicha materia al celador investigado

La juez de Instrucción número 1 de Sevilla, María Elvira Alberola Mateos, que instruye la causa abierta por el accidente mortal registrado en el Hospital Virgen de Valme el 20 de agosto de 2017 por el que falleció la joven Rocío Cortés cuando era trasladada en camilla en un ascensor tras dar a luz a su tercer hijo, ha citado este jueves en calidad de investigado al celador que transportaba a la víctima en el momento de los hechos.

Solicitada tanto por la acusación particular, que ejerce la familia de Rocío Cortés, como por la defensa del ascensorista, que ejerce el letrado Juan Carlos Alférez, la juez ordenó en mayo tomar declaración como investigado a A.J.F.G. en esta causa, en la que ya se encuentra como investigado F.C.D., el operario de la empresa de ascensores Orona encargada del mantenimiento de los ascensores del Hospital, quien declaró ante la juez el 18 de enero de este año, tras recibir la instructora el oficio del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, y negó «intervención o manipulación» alguna por su parte que provocara el movimiento del elevador.

Recientemente, en concreto a través de un auto de 2 de agosto, la juez instructora acordaba solicitar a dos compañías operadoras de telefonía el registro de llamadas de una veintena de teléfonos entre las 14,28 y las 14,38 horas del citado día, tras la solicitud del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

En concreto, la obtención del tráfico de llamadas entrantes con abonados habidos en el periodo indicado anteriormente en once teléfonos de la centralita y nueve teléfonos correspondientes al control de Enfermería, al celador de Quirófano, ascensorista, al jefe de guardia, el supervisor de Enfermería de la guardia, al encargado de turno de celadores y al Facultativo Especialista de Área (FEA) de Cirugía y dos FEA intensivistas de guardia; librando para ello mandamiento a dos compañías operadoras.

De otro lado, la familia de la joven fallecida ha presentado durante el mes de agosto una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin cuantificar la indemnización para el marido y las tres hijas menores de la víctima a la espera del desarrollo de las diligencias de investigación abiertas por vía penal.

Con esta acción se ha pretendido evitar que prescriba el plazo para solicitarla aunque pidiendo suspensión de esta vía administrativa mientras continúa la instrucción penal.

Igualmente, la juez instructora, en otro auto de 2 de agosto y notificado a las partes el 4 de septiembre, acordó conceder una nueva ampliación del plazo de instrucción de la presente causa por un periodo de doce meses a contar desde la fecha de expiración del plazo semestral que fue fijado por auto de fecha 12 de febrero de 2018.

En este auto, la instructora recuerda que el Ministerio Fiscal presentó informe en el que solicitaba la concesión de una ampliación extraordinaria del plazo de instrucción dando traslado a las partes, a entre las que ya se encuentra personada la Junta de Andalucía.

Por último, tras lo interesado por la Unidad Central de Criminalística y por el Ministerio Fiscal, libra oficio al Hospital y a los responsables de la entidad Orona, o de la entidad Schendler que fue la instaladora del ascensor en el año 1992, para que informe acerca de qué empresa o entidad es la suministradora del hardware/software del dispositivo CPU del ascensor siniestrado.