La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, retoma este martes la vista oral con las cuestiones previas después de que los tres días previstos inicialmente en diciembre para la presentación de las mismas se consumieran con la lectura de los escritos de acusación y de defensa.
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación. En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.
La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la «devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E», y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver. Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay «trama criminal» ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A, que a los delitos de prevaricación y malversación suma el de asociación ilícita, ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
