Colectivos profesionales de pediatras han cerrado filas entorno a la pediatra acusada de denunciar falsamente un caso de abusos sexuales de una niña de 14 años que no se produjo. La médico iba a ser sometida a juicio este lunes pero ha quedado finalmente aplazado tras ser elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla

La Asociación Española de Atención Primaria (AEPap) y la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Andapap) defienden la protección del interés del menor por encima de cualquier otra consideración en el caso del  juicio a la pediatra del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) que comunicó una sospecha de posibles malos tratos tras atender a una menor.

AEPap asegura que la pediatra no denunció a nadie sino que «comunicó una sospecha», como es «su deber profesional y legal» y «no hay pediatra en su situación que no hubiera hecho lo mismo». En este sentido, la asociación recuerda que los pediatras «no son, en ningún caso, los encargados de condenar a nadie, pero sí de activar las medidas pertinentes para informar a las autoridades competentes de que un menor puede estar en riesgo». «Es a las citadas autoridades a quien les compete investigar si hubo o no maltrato», remarcan.

En el ámbito sanitario, recuerdan ambos colectivos profesionales «los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en contacto con menores, tenemos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier situación de sospecha o de certeza, si la hubiera, de maltrato infantil».

«Los pediatras son los agentes sociales que pueden detectar y conocer de primera mano los problemas a los que se enfrentan los menores desde los primeros días de vida hasta la adolescencia y dar la voz de alarma, activando los mecanismos oportunos establecidos para ello.

La pediatra del Hospital Virgen del Rocío se enfrenta a más de tres años de prisión a petición del Ministerio Fiscal que sostiene que la doctora atendió en marzo de 2015 a una niña de 14 años por una lesión erosiva en la mitad inferior del labio menor y mayor de la zona genital. El análisis realizado a las muestras diagnosticó inicialmente un herpes tipo 2 que se contagia por transmisión sexual. A pesar de que la niña juró que no había mantenido relaciones sexuales, la pediatra entendió que había sido forzada, cuestión que fue rechazada por la propia niña y sus padres. La doctora puso el caso en conocimiento del juzgado, lo que motivó la apertura de una investigación que determinó un error de diagnóstico y una presunta denuncia falsa por la que esta profesional tendrá que responder ante la Justicia, cuestión que ha generado un enorme malestar en la profesión médica.