Antonio del Castillo, junto a otros padres cuyos hijos han sido asesinados, como Juan carlos Quer, Juan José Cortés y Ruth Ortiz recogen firmas contra la Prisión Permanente Revisable, una campaña que hasta el momento ha conseguido más de 2,2 millones de firmas

La iniciativa, puesta en marcha por el padre de Diana Queer a través de internet pretende evitar que se derogue la prisión permanente revisable, una pena excepcional contemplada para casos de extrema gravedad, como por ejemplo el asesinato de menores. «Para que así, el legado de la vida de Marta, Diana, Mari Luz, Candela, Amaia, Ruth y José sirva para construir una sociedad más segura, más justa y más solidaria», sostiene en su petición.

Recientemente, los representantes de las cinco familias que se declaran «ajenas a cualquier ideología política», se han unido para para recoger el sentir ciudadano «con la esperanza de evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras familias tengan que vivir nuestro calvario» a través de una campaña que están desarrollando por varias ciudades españolas entre ellas, este viernes, Sevilla.

Las familias que luchan contra la pretendida derogación de la prisión permanente revisable recuerdan que recientes encuestas indican que ocho de cada diez españoles son partidarios de la prisión permanente revisable para los crímenes excepcionalmente graves.  El pasado 4 de octubre de 2017, el Congreso de los Diputados daba luz verde a una iniciativa para pedir al Gobierno la derogación de la prisión permanente revisable, que fue incorporada al ordenamiento jurídico en 2015. Ahora esa proposición se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso para su debate. «Aún estamos a tiempo de conseguir que no se derogue.», sostienen las familias impulsoras de esta iniciativa.

Con la entrada en vigor de la prisión permanente revisable, la situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años del cumplimiento de la condena, y reinsertarse en la sociedad si cumple las exigencias de su rehabilitación. Es decir, con esta pena no se renuncia – como algunos creen– a la reinserción del condenado. Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza disponen de una pena similar a la que ahora quieren eliminar en nuestro país.