“Hubo errores, retrasos, mujeres afectadas que sufrieron un calvario. Y esas mujeres, incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus directivas y de quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido todas las explicaciones administrativas necesarias”

Hubo un tiempo (no llega al año) en que el caso del cribado del cáncer de mama en Andalucía era presentado como el Watergate pepero.

La noticia saltó a los medios de comunicación a finales de septiembre de 2025 y se convirtió en un escándalo político y sanitario (a ocho meses escasos de las elecciones autonómicas) al conocerse que alrededor de dos millares de mujeres podían haber sufrido retrasos o problemas en el seguimiento de sus pruebas. 

Días después, la crisis adquirió mucha mayor dimensión pública, con protestas, manifestaciones, denuncias e investigaciones que forzaron la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, el 8 de octubre.

Ya en noviembre, con Antonio Sanz a los mandos, trascendió que en una reunión con AMAMA, el 29 de octubre, el nuevo consejero había pedido a la asociación los datos de las supuestas afectadas ya que la administración sanitaria contabilizaba 2.317 mujeres afectadas, mientras la presidenta de las asociadas (¡menudo papelón!) continuaba agarrada como clavo ardiendo a sus números: “unas 4.000 llamadas recibidas”. Un mes después, y dos y tres… el vicepresidente seguía sin recibir respuesta.

Mientras tanto, cada rueda de prensa prometía revelaciones definitivas. Cada comparecencia anunciaba responsabilidades penales inminentes. Cada micrófono parecía asistir al prólogo de un juicio histórico. Y así hasta las elecciones en las que, después de otro repaso histórico de la Andalucía socialista a la Andalucía socialista, retornó el silencio sepulcral.

De aquel escándalo sanitario y mediático que amenazaba con socavar por siempre los cimientos del gobierno popular andaluz, nunca más se supo, hasta que algunos (muy pocos) nos hemos enterado de que, con agosticidad y alevosía, se han archivado las últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía, hasta un total de quince se contaban a tres meses de las pasadas elecciones. Quince denuncias. Quince. Un resultado judicial que no deja precisamente mucho margen para sostener el relato de una gigantesca trama criminal.

Mientras tanto, quienes durante meses elevaron el tono hasta convertir cada comparecencia en un avance del Juicio Final parecen haber encontrado -¡eureka!- una institución jurídica que lleva vigente centenares de años en nuestro derecho: el silencio administrativo… durante sus bien ganadas vacaciones.

Ya incursos en el inminente nuevo curso político, tocará descubrir que nunca se habló realmente de responsabilidades penales, que lo importante era “la responsabilidad política”, que el objetivo era “visibilizar” el problema, o cualquier otra reinterpretación retrospectiva digna de una competición olímpica de gimnasia argumental. ¡Que se lo pregunten a quienes han sido sujeto pasivo de la investigación del ministerio fiscal!

La ironía alcanza cotas extraordinarias cuando algunas voces que reclamaban confianza absoluta en las instituciones consideran impecable a la Fiscalía cuando investiga a sus adversarios, pero profundamente decepcionante cuando concluye que no aprecia indicios de delito cuando son ellos quienes esgrimen el Código Penal desde donde dice “JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA – A todos los que la presente vieren y entendieren” a “El Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ”.

No significa eso que el problema sanitario no existiera. Existió. Hubo errores, retrasos, mujeres afectadas que sufrieron un calvario. Y esas mujeres, incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus directivas y de quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido todas las explicaciones administrativas necesarias.

Precisamente por eso conviene distinguir entre una crisis de gestión sanitaria y la existencia de delitos penales. Son asuntos absolutamente distintos, y la Fiscalía ha decretado que no ha encontrado base para sostener las denuncias penales presentadas.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse (y yo respondo afirmativamente sin dudarlo) si algunas asociaciones y los partidos del progretariado confundieron la defensa de las pacientes con la construcción de un relato político. Y es que resultó tan evidente como grotesco que cuando dirigentes políticos -Marixu entre ellos- aparecían sistemáticamente junto a portavoces de AMAMA en ruedas de prensa, la frontera entre activismo ciudadano y estrategia partidista comenzaba a difuminarse.

Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿quién, en la búsqueda incesante de una fallecida por esta crisis, ha pedido perdón tras haber anunciado durante meses una macrocausa judicial que nunca llegó a existir?

Una democracia sana precisa de asociaciones independientes, oposición fiscalizadora y medios críticos. Lo que no necesita es convertir cada problema administrativo en una conspiración penal antes de que hablen los investigadores.

Quizá el verdadero escándalo no sea que la Justicia archive denuncias. Quizá sea la facilidad con la que algunos construyen condenas mediáticas mucho antes de que exista una sola resolución judicial. Y en esas ha estado la opinión publicada y sincronizada con el asentimiento de la prensa centrista y pastelera, ayuna de criterio propio y sometida a la primera por aquello, otra vez, de la superioridad moral. ¿Dónde quedan ahora los días y horas, los programas y tertulias, dedicados a la difusión de una falacia rayana en la calumnia del 205 del Código Penal (“imputar a alguien un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad”)?

Y es que, tras quince archivos consecutivos, siempre quedará el viejo recurso de los que no tienen paciencia, ni frontera: mirar hacia otro lado, cambiar el argumento… y esperar al próximo escándalo.

Porque reconocer un error nunca ha dado tantos titulares como anunciar una conspiración.

Porque, cuando decimos que están dispuestos a todo, ¿qué otras pruebas necesitan?