El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el «ataque desleal» a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, «con una desobediencia clamorosa» y con «absoluta pasividad» de los Mossos d’Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

Según ha desvelado Zoido en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el «impacto de la desaceleración» económica en Cataluña.

«A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta», ha asegurado Zoido, «porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas». Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de «muy importante» la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, «otro alto coste», ha dicho, «que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña«. «Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras», ha señalado.

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d’Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron «episodios de acoso» contra policías y sus familiares.

En su discurso ha reconocido las incomodidades por la «polémica» contratación de los barcos en la búsqueda de «alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada».