El Secretario General de VOX, Javier Ortega, junto con la vicesecretaria Nacional Jurídica, Marta Castro, y el diputado Nacional, Tomás Fernández, se han trasladado hoy hasta los juzgados de Huelva, donde han presentado una querella contra Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. (GIAHSA) por malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 432 y siguientes del Código Penal (C.P); financiación ilegal de los partidos políticos; artículos 304 bis y ter, y falsedad en documento público, oficial y mercantil art. 390 del (C.P.).

En concreto, además de GIAHSA como persona jurídica, la formación ha dirigido su querella contra Santiago Moreno Romero, administrador de la Agrupación Provincial del PSOE-A de Huelva y del Grupo Socialista de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva; Laura Pichardo Romero, presidente de GIAHSA, y  del Pleno de la MAS; Carlos García de Juana, presidente de la Comisión de Auditoría de GIAHSA; Manuel Jesús Domínguez Limón, miembro de la Comisión de Auditoría de GIAHSA; Juan Ignacio Tomico Santos, miembro de la Comisión de Auditoría de GIAHSA; Fernando Fernández Fonseca, miembro de la Comisión de Auditoría de GIAHSA.

«Hoy, presentamos esta querella para que caiga el que tenga que caer, sea inhabilitado y para que devuelvan lo robado», expresa.

El 28 de septiembre de 2021, el Secretario General prometió que «como tercera fuerza política nacional, desde nuestro Grupo parlamentario en Andalucía – y con el estudio de los servicios jurídicos del partido -, nos comprometemos a llevar a cabo una investigación para saber exactamente qué hay detrás de GIAHSA y ejercer, en su caso, las acciones penales, contencioso-administrativas o civiles que sean necesarias».

Ortega-Smith ha destacado que aún «falta por conocer mucho de este entramado, de sus refinanciaciones y de los importes totales que los políticos y otros se han llevado del dinero público y durante varias décadas», mientras se pregunta «dónde está el dinero del tarifazo del agua de los vecinos de 67 pueblos de Huelva que pagan el agua más cara de España, porque los políticos cobran mordidas intolerables».

Por ello, con esta querella «se destapará por fin la escandalosa financiación ilegal de PSOE, PP, IU, Podemos, PA, Espacio Plural, ICXH y Grupo Mixto», al tiempo que avisa que «no será la última, desgraciadamente».

GIAHSA cuenta con 500 operarios, 22 altos cargos y directivos y 15 miembros en el Consejo de Administración, con sueldos públicos que llegan hasta los 77.000 euros anuales. En ese sentido, el Secretario General de VOX afirma que «GIAHSA no sólo es una maquinaria engrasada para la malversación de fondos públicos, sino que sirve de colocódromo de elefantes de todos los partidos del consenso progre desde hace una década».

Ortega-Smith ha destacado la «enorme franja temporal en la que se ha llevado a cabo esta trama». «Antes de que VOX se fundara, ellos ya estaban de acuerdo y se lo llevaban a manos llenas. No podían imaginar que viniera un partido imposible de comprar o chantajear. Por cosas como estas, están tan nerviosos y agresivos con nosotros».

El Secretario General de VOX ha advertido a quienes pretendan lucrarse desde las instituciones a través de prácticas ilícita: «Extirparemos las mafias de la administración por tierra, mar y aire, en los juzgados y en la calle, en pie frente a ellos y a la cara en cada ayuntamiento, pedanía o mancomunidad».

Por su parte, Castro ha denunciado que «la gestión de GIAHSA «se ha apartado de los criterios de eficacia y eficiencia que debe presidir el uso de recursos públicos y ha traspasando la línea han cometido delitos más graves en la gestión del erario público, la malversación». La finalidad ha sido, según ha explicado, «la financiación de los partidos políticos». De modo que los perjudicados han sido los ciudadanos, y en particular los de los 67 municipios que integran la mancomunidad, «pues además están pagando los sobrecostes de la trama en cada uno de los recibos del agua».

Castro ha destacado que «hay constancia de las cantidades que reciben los grupos políticos, y de los que además el PSOE es el más beneficiado». Por ejemplo, en 2020 ascendió a 264.000 euros, pero todos los grupos a los que pertenecen los alcaldes integrantes han recibido dinero. «El PP ascendió a 114.000 euros».

La formación ha solicitado la intervención judicial de la compañía porque «la necesidad de solicitud de créditos para la continuación de la actividad hace que la solvencia de la empresa esté más que puesta en entredicho».