El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado enmienda a la totalidad al Proyecto de Reforma de la Ordenanza del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al entender que se trata de un impuesto confiscatorio y por incurrir en una doble imposición tributaria sobre el mismo elemento.

La portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez, ha recordado que “la Plusvalía de un inmueble ya está gravada mediante el IRPF a la hora de transmitir una vivienda, si el valor de transmisión de este inmueble supera el valor de este en el momento de la adquisición. Además, el valor de un terreno de naturaleza urbana ya está gravado por otro impuesto municipal como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.

“Es intolerable que no se haya aprovechado la oportunidad que nos otorga esta reforma, para bajar el tipo de gravamen, que seguirá establecido en el 26,8%. Somos conscientes en relación a este asunto, que en otras grandes capitales españolas, el tipo de gravamen es mayor, pero también ha sido mayor el aumento del precio de la vivienda en nuestra ciudad en los últimos años y, después, como ya hemos señalado, no podemos escudarnos en el tipo de gravamen de otros grandes Ayuntamientos de España, cuando nuestra situación es distinta. Sería conveniente que, ya que este gobierno local se fija en otras ciudades grandes, también lo haga en los datos de desempleo, donde, al contrario del tipo de gravamen, sí que somos los que mayor tasa tenemos”.

La portavoz municipal de VOX ha apuntado que “esta reforma y la adaptación a la realidad presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla de la Jurisprudencia Constitucional no ha sido ni con mucho buena, porque han mantenido la previsión de ingresos para este tributo, cuando claramente es imposible de calcular y, probablemente, se vea reducida y, además, no han tenido en cuenta la posibilidad de que nos lleguen innumerables reclamaciones por parte de los administrados afectados por este tributo, solicitando la devolución de ingresos indebidos, que nos presentará una situación para la que no se ha previsto ningún fondo de contingencia específico”.

Cristina Peláez ha apostillado que “la legislación nacional otorga a las entidades locales la capacidad de establecer unas bonificaciones máximas que puedan rebajar la cuota íntegra resultante del cálculo de este impuesto. Sin embargo, este Ayuntamiento, en esta ordenanza, no establece esas bonificaciones máximas, obviando por completo la posibilidad de desarrollar las bonificaciones aplicables a este impuesto en el mismo cuerpo normativo que se pretende reformar, quedando estas bonificaciones recogidas en otra ordenanza distinta, estableciendo bonificaciones menores que las que permite la Ley de Haciendas Locales “

“No entendemos por qué esta administración local no tiene el deseo de, en aquello que se le está permitido, paliar el infierno fiscal al que tiene sometidos a los ciudadanos nuestra legislación tributaria”, ha concluido.