Vox denuncia que el Subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, pretende impedir a los sevillanos una vez más su legítimo derecho a la  concentración amparado en la Constitución 

Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha enviado un escrito a VOX advirtiendo «de considerar la reunión en lugar de tránsito público o de manifestaciones como infracción”, en alusión a la convocatoria a la que asistirá hoy domingo Santiago Abascal a a las puertas del Palacio de San Telmo.  

El artículo 21 de la Constitución española “reconoce el derecho de  reunión pacífica y sin armas”, justificando que “la comunicación  podrá hacerse con un mínimo de 24 horas”, algo que hizo VOX este  viernes a las 10:29 horas. El Código Penal establece penas de prisión  e inhabilitaciones para aquellos cargos públicos que pretendan impedir este derecho constitucional.  

VOX anuncia que mantiene la convocatoria y anima ahora más que nunca a los votantes y simpatizantes de esta formación política a acudir este domingo a la concentración, de forma pacífica, en  defensa de sus libertades, de sus derechos constitucionales y en defensa de sus fronteras. Resulta inexplicable que este Gobierno  permita la entrada de millares de inmigrantes de forma ilegal en  territorio nacional y en cambio quiera impedir a los sevillanos el  ejercicio de sus libertades amparadas en la Carta Magna.  

Para Vox una vez más «el Subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha pretendido extralimitarse en sus funciones e impedir de forma  premeditada que VOX, sus simpatizantes, afiliados y sevillanos en general, puedan  llevar a cabo este domingo 23 de mayo su ejercicio democrático de “reunión pacífica y sin armas”. Hoy a las 20:00 horas este partido político ha convocado una  concentración en los exteriores del Palacio de San Telmo bajo el lema: “En defensa  de nuestras fronteras”, a la que asistirá el presidente, Santiago Abascal; la portavoz  nacional del partido, Patricia Rueda, y el presidente de VOX en Sevilla, Javier Cortés.  

Cumpliendo la ley, VOX envió este pasado viernes a las 10:29 horas una notificación para poner en conocimiento de las autoridades la intención de este  partido político de llevar a cabo “el ejercicio del derecho fundamental de reunión  pacífica”, «amparado en el procedimiento extraordinario de comunicación  urgente con plazo mínimo de 24 horas de antelación”.  

Acto seguido, y el mismo día 21 de mayo, se recibe resolución suscrita por el  Subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, informando de que “no puede darse el trámite legalmente establecido a la comunicación recibida”, seguido de la advertencia gubernativa de “considerar la reunión en lugar de tránsito público o de manifestaciones como infracción”. Ante este nuevo atropellado a la Constitución  que una vez más pretende llevar a cabo el señor Toscano, como ya hiciera el 17 de  marzo en la Plaza Nueva de Sevilla, VOX quiere comunicar lo siguiente:

1. Que como es público y notorio, el Subdelegado del Gobierno, Sr. Toscano Sánchez,  fue denunciado penalmente por esta formación política, por la presunta comisión  de infracciones contra los derechos fundamentales el día 17 de marzo, al tratar de impedir la circulación de personas en la Plaza Nueva de Sevilla con ocasión de la  convocatoria de rueda de prensa del Presidente de VOX y Diputado del Congreso D. Santiago Abascal. Circunstancia esta que estimamos justificaría su abstención de  conformidad con el artículo 23.2.º) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector  Público, al existir cuestión litigiosa pendiente con el interesado que realiza la  comunicación.  
2. El artículo 21 de la Constitución Española “reconoce el derecho de reunión pacífica  y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los  casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan  razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o  bienes”. Especificando la legislación española que “la comunicación podrá hacerse  con una antelación mínima de veinticuatro horas”.  
3. Para la protección del ejercicio del derecho fundamental de reunión el art. 514.4  del Código Penal establece para “los que impidieren el legítimo ejercicio de las  libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo  de una reunión o manifestación lícita”, una posible “pena de prisión de dos a  tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de  tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de  hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo”. Especificando el artículo 540 del mismo Código que “la autoridad o funcionario público que prohíba una reunión  pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público  de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.”

«Queda por tanto acreditado que esta formación política no ha solicitado autorización  a la Subdelegación del Gobierno, sino que ha formulado comunicación previa en el plazo superior a las veinticuatro horas mínimas de preaviso. La Sentencia 196/2002,  de 28 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE 278 de 20 noviembre de 2002)  deja claro que “el deber de comunicación previa establecido en el art. 21.2 CE y  desarrollado por los arts. 8 y ss. LODR no debe confundirse con una solicitud de  autorización”, Que además el señor Toscano obvia en su escrito infundado de  denegación la “apreciación de causas objetivas de posible alteración del orden  público, con peligro para las persona o bienes”.  

Para esta formación política quedan sobradamente justificadas las “circunstancias  excepcionales” con la invasión sin precedentes de millares de inmigrantes que  accedieron de forma ilegal a nuestro país a través de Ceuta, generando una fuerte  preocupación en la sociedad civil. Se hace necesario que el diputado a las Cortes Generales del partido político VOX, Santiago Abascal Conde, manifieste la postura y  posicionamiento político de la formación relativo a dicha invasión ilegal.  

«Por último, el emplazamiento ya sabido delante de la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía viene motivado por las declaraciones públicas formuladas por la Consejera Rocío Ruiz hace escasas 48 horas. En ellas informó de su intención de acoger menas en esta comunidad autónoma. Por todos estos motivos se hace urgente  y perentorio (ahora y no dentro de 10 días) la comparecencia del presidente de VOX,  Santiago Abascal».  

«Resulta inaceptable que este Gobierno permita entrar en nuestro territorio a 10.000 ilegales hace unos días y ahora pretenda impedir una concentración convocada de forma completamente legal. La Constitución y la legislación españolas no sólo  protegen la convocatoria de VOX, sino que la amparan. Es por ello que este partido  político llevará a cabo su legítimo derecho en Sevilla y anima a los sevillanos ahora más que nunca a acudir a la cita en defensa de sus derechos, de la Constitución y de  nuestras fronteras».