Emvisesa ha asignado otro piso de alquiler a la familia adjudicataria de una de sus VPO, como consecuencia primero de los «insultos» y coacciones de dos familias vecinas y después por las «represalias y amenazas» procedentes de los parientes de estas últimas personas.
Los miembros de esta familia, un matrimonio y sus cuatro hijos sufrían una situación «insoportable» porque otras dos familias que residían en la planta superior a su domicilio «no dejaban de insultarles y decir que se fueran».
Después de que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitase información del caso a Emvisesa, la empresa municipal informaba de que merced a las denuncias de esta familia había activado su «protocolo de convivencia para las viviendas cedidas en alquiler».
Fruto de dicho protocolo y las acciones acometidas por Emvisesa, una de las familias autoras de los «insultos» contra estas personas habría acabado renunciando a la VPO de alquiler adjudicada y habría entregado las llaves de la misma, mientras la otra habría dejado también el piso, si bien quedaba pendiente la formalización de la rescisión del contrato de arrendamiento.
No obstante, y según refleja la resolución de la institución que comanda Jesús Maeztu, la familia afectada por esta situación trasladó después a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda que unos parientes de las citadas familias conflictivas que residían «en el edificio de frente» a las VPO en cuestión habían comenzado a provocar «molestias y amenazas», sin que se tratase en este nueva situación de personas adjudicatarias de viviendas de Emvisesa.
Dado el caso, y siempre según el documento de Maeztu, Emvisesa optó por promover un «cambio de vivienda» para esta familia, que denunciaba que «la situación había empeorado por el recrudecimiento de las represalias y amenazas».
