Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión de Rafael Catalá, por la «temeridad» de sus declaraciones acerca de que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de ‘La Manada’, Ricardo Martínez, tiene algún «problema singular» y «todos lo saben»
La Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones esta mañana ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
«La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia«, reza el comunicado.
En su nota exponen que el «verdadero peligro» es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la «confusión intencionada» de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, «respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones».
Según ha apuntado el ministro esta mañana, el CGPJ tendría que haber actuado para evitar «resultados singulares», en referencia al voto particular emitido por el magistrado en el que pedía la absolución de los cinco miembros de ‘La Manada’ al considerar que no quedó probado que abusaran sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016, hechos por los que han sido condenados.
«Hoy es por el juicio de ‘La Manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno», reza la nota en la que recuerdan que Rafael Catalá ya fue reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en mayo del año pasado por su postura ante determinados casos de corrupción que afectan a compañeros suyos del Partido Popular.
En declaraciones a Europa Press, las cuatro asociaciones judiciales han tildado de «irresponsables» e «intolerables» las manifestaciones del ministro de Justicia y han expuesto que si es conocedor de que realmente tiene un problema el magistrado, lo que tendría que haber hecho es ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El juez de la Audiencia Provincial de Navarra fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios del año 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Sin embargo, y según informa el CGPJ, en el actual mandato del consejo de gobierno no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra el magistrado.
