La presidenta de la Junta de Andalucía, la sevillana Susana Díaz, no barre para casa a la hora de contemplar la capital y el resto de la provincia en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2018. En realidad, casi ningún presidente autonómico ha sido generoso con Sevilla, muy probablemente por no generar «agravios» con otras provincias hermanas. Este complejo a la hora de la inversión se hace especialmente sangrante con los grandes números presentados recientemente por el gobierno de la trianera que sitúan Sevilla como la última provincia andaluza en el capítulo de inversiones públicas.
El gasto previsto por la Junta de Andalucía en capítulos tan fundamentales como Sanidad, Educación y Justicia, que apenas superan un 3% de la inversión total, deberían ser explicados por los responsables autonómicos porque no parecen justos ni responden a las graves carencias que sufrimos en estos tres aspectos básicos de la gestión pública. El complejo que, desde los albores de la autonomía, sufren los presidentes autonómicos con Sevilla, sitúan a la capital y el resto de la provincia en el vagón de cola de la inversión, a pesar de liderar el Producto Interior Bruto de Andalucía y tener, entre sus habitantes a casi el 23% de la población de la comunidad.
Sevilla debe reclamar lo que le corresponde y sacudirse de una vez por todas el complejo de capitalidad, que dicho sea de paso, nunca ha tenido y que ha sido impuesto por todos aquellos que han tenido responsabilidad de gobierno, salvo Felipe González. Las inversiones del Estado en vísperas de la Exposición Universal de 1992 no pueden seguir siendo una losa ni una coartada que impida la lógica evolución de una ciudad y su vertebración con el resto de Andalucía.
