El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, llegan a esta cita en la Moncola con posiciones distantes en asuntos como Cataluña o la inmigración
Este encuentro –fijado para las 17.00 horas– se produce doce días después de la elección de Casado como nuevo líder del PP, tras imponerse en el XIX Congreso Nacional del partido a Soraya Saénz de Santamaría por un 57% frente al 42% que obtuvo la exvicepresidenta del Gobierno.
Pese a la escalada de declaraciones entre socialistas y ‘populares’ en los últimos días, Pedro Sánchez espera que la cita transcurra en un clima de cordialidad y confía en que la llegada de un nuevo líder de la oposición, poco después de que haya nuevo presidente del Gobierno, suponga también un nuevo tiempo de acuerdos y entendimientos, explican fuentes de Moncloa.
Eso sí, Sánchez le recordará a Pablo Casado que el PSOE ejerció una oposición leal y responsable en asuntos de Estado, muy especialmente en lo relativo a Cataluña en los últimos meses, así que espera que el PP también lo haga ahora que está en la oposición.
El PSOE respaldó al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña el pasado mes de octubre, y ahora espera que el PP apoye la normalidad institucional que, a su juicio, se abre con la convocatoria de la comisión bilateral Estado-Generalitat reunida este jueves en Barcelona por primera vez en siete años.
De hecho, Cataluña será uno de los cinco asuntos en los que Sánchez ofrecerá al PP acuerdos de Estado. Los otros cuatro son la política de gestión de las migraciones, la acción en la Unión Europea, la violencia de género y las infraestructuras como herramienta vertebradora de la cohesión de España.
De la misma manera, Casado propondrá al jefe del Ejecutivo la necesidad de que PP y PSOE, en las cuestiones importantes para España como inmigración, política económica o política territorial, dialoguen e intenten mantener posiciones «comunes», siempre «dentro de la responsabilidad».
Sin embargo, las posiciones están lejos. En materia de inmigración, Casado –que este mismo miércoles ha visitado Algeciras (Cádiz) y Ceuta– ha avanzado que planteará a Sánchez la necesidad de que haya una política «eficaz, sin demagogia y sin buenismos». A su entender, hay que apostar por un «plan Marshall en África para impulsar la cooperación con los países de origen».
El presidente del PP considera que no es posible que haya «papeles para todos». De hecho, sus palabras en este sentido han provocado un alud de críticas desde formaciones de izquierda, que le comparan con líderes de la ultraderecha europea como el viceprimer ministro italiano Mateo Salvini, y hasta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
El Gobierno no ha hablado en ningún momento de «papeles para todos» y rechaza de plano que la primera decisión de Sánchez, acoger en España el buque Aquarius, al que Italia había cerrado sus puertos, haya supuesto un ‘efecto llamada’. Sánchez quiere que la UE se tome la gestión de las fronteras como una política verdaderamente europea, y cooperar con los países de origen y tránsito.
En política territorial, Casado propondrá a Sánchez un reforzamiento institucional frente al independentismo. El PP quiere llevar al Congreso una proposición de ley para modificar el Código Penal e introducir de nuevo dos tipos penales: el de sedición impropia y el de convocatoria de un referéndum ilegal, suprimidos por el PSOE en 1995 y 2010 respectivamente.
En esta reunión en Moncloa, Casado pedirá también al presidente del Gobierno que «no haya ningún tipo de acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco«. Otro asunto que llevará al encuentro será la política económica y los compromisos internacionales que tiene que cumplir España en la senda de déficit, techo de gasto y política fiscal, según adelantó él mismo este miércoles desde Algeciras.
Fuentes del PP han señalado además que el líder del PP quiere poner encima de la mesa la iniciativa que ha registrado su grupo parlamentario para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.
En concreto, el PP plantea que pueda gobernar con mayoría absoluta una lista que gane las elecciones municipales pero que sólo obtenga un 35% de los votos válidos, siempre que saque una ventaja de cinco puntos al siguiente, o incluso con un 30% por ciento de los votos, si además saca diez puntos de diferencia a la segunda lista.
