El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la semana pasada un «Plan de Choque» contra la corrupción que incluye un paquete de quince medidas para reforzar la transparencia y combatir los delitos contra la Administración Pública. Entre ellas, se contempla la creación de juzgados especializados, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de sanciones a empresas implicadas en prácticas corruptas.

Para Felipe García Hernández, socio director de Círculo Legal y vocal de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association, este plan representa “una nueva vuelta de tuerca contra el empresario”, al centrar gran parte del esfuerzo en aumentar los controles y responsabilidades sobre las compañías privadas. Según García Hernández, “el gran damnificado vuelve a ser el empresario, que se enfrenta a más obligaciones, mayores sanciones y un incremento de la carga regulatoria”.

Entre las medidas que más preocupan al experto, se encuentra el endurecimiento de penas, el aumento de multas calculadas ahora sobre los ingresos anuales y la inclusión de empresas en listas negras que podrían excluirlas de la contratación pública. “Esto incrementa el riesgo de deslocalización, como ya ocurrió con Ferrovial, que decidió abandonar España para evitar la creciente burocracia y la inseguridad jurídica”, sostiene García Hernández.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Transparency International, España obtuvo una puntuación de 60/100, por debajo de la media europea. A juicio de García Hernández, “la Administración debería liderar con el ejemplo, incorporando figuras de compliance officer en sus propios órganos y mejorando la transparencia real, no solo en papel”.

El plan de Sánchez también contempla la creación de juzgados especializados y atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, una medida que García Hernández califica de arriesgada: “La Fiscalía atraviesa una crisis reputacional importante y este cambio puede generar dudas sobre la independencia y eficacia del proceso”.

Asimismo, critica la falta de desarrollo efectivo de la Autoridad Independiente de Protección al Informante y la ausencia de medidas concretas en el ámbito de la contratación pública. Según el experto, “es otra oportunidad perdida para implantar controles internos efectivos en la Administración y fortalecer la protección a los denunciantes”.

El relanzamiento anunciado del Portal de Transparencia y el incremento de controles patrimoniales a altos cargos y partidos políticos son, para García Hernández, medidas que corren el riesgo de quedarse en «compliance cosmético», sin aplicación práctica real.

“Estamos ante medidas que suenan bien sobre el papel, pero que refuerzan la sensación de que se penaliza al empresariado mientras la raíz del problema permanece intacta”, concluye García Hernández.