Este no es un editorial «en caliente», escrito desde la impotencia de unos dedos que teclean atormentados por el triste desenlace del pequeño Gabriel Cruz, el niño presuntamente asesinado por la actual pareja de su padre. Esto es una petición desde la lógica y el clamor mayoritario de un pueblo que ve cómo los asesinos cumplen condenas ínfimas si las comparamos con legislaciones de los países de nuestro entorno más cercano. Claro que el fin último de la cárcel es la rehabilitación. Pero sin arrepentimiento expreso, perdón a las víctimas y reparo, hablar de ella es pura entelequia. Tenemos una Justicia demasiado garantista con los asesinos y muy poco complaciente con las víctimas. Matar en España con premeditación y alevosía es muy barato. Y esto sólo se zanja con la prisión permanente revisable. Nos importa muy poco si esto es una medida del PP, si se opone el PSOE o Ciudadanos. Tanto o menos si la presunta asesina de Gabriel, que trasladaba su cuerpo envuelto en mantas en el maletero de su coche, es mujer, de piel negra, blanca o amarilla. Pero pensamos en los padres del pequeño Gabriel de ocho años, en la joven Diana Quer, en Mari Cruz de Huelva, en Marta del Castillo. O en las víctimas de los trenes de Atocha precisamente en este aniversario de dolor y muerte, cuyos asesinos podrían estar en la calle en 2044, con penas a sus espaldas de más de 40.000 años de cárcel. Probablemente la prisión permanente revisable no sea un obstáculo para que se cometan más atrocidades, pero sí es una herramienta lo suficientemente fuerte como para que las familias de las víctimas inocentes puedan cerrar en paz su duelo y no tener que enterarse por los telediarios que sus demonios están otra vez en la calle riéndose del Derecho y en disposición de volver a cometer las mismas fechorías.