32 entidades cívicas de los sectores de la enseñanza, los derechos civiles, la sociología y la cultura, todas comprometidas con la España constitucional y el Estado de Derecho, han suscrito un manifiesto promovido por el Foro de Profesores dirigido a los grupos parlamentarios, abogando por un gran consenso nacional en materia educativa a través de una Ley de Educación que incorpore medidas como la recuperación por el Ministerio de Educación de las competencias de la calidad de la enseñanza mediante pruebas externas con valor académico al final de cada etapa educativa, idénticas para toda España.
El manifiesto lo sitúan en «el contexto de unas pruebas de selectividad marcadas por la desigualdad de criterios y de otra Ley de Educación sin grandes acuerdos», abongando por «un consenso nacional de largo alcance en materia educativa. Apostamos por una ley de educación basada en el consenso, la convivencia, el respeto, el conocimiento mutuo y los valores constitucionales».
«España necesita urgentemente un sistema educativo de la máxima calidad mundial en todas las materias científicas, creativas, sociales y de humanidades, y que sea capaz de cuidar el talento, el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la creación de riqueza y la movilidad social y geográfica en todo el territorio». «Creemos indispensable fomentar una educación de calidad e independiente de las vicisitudes políticas, tanto nacionales como regionales, orientada a la investigación, el desarrollo, la innovación y la mejora de nuestros marcos económico y social, inmune a la instrumentalización política. Es urgente además un compromiso para aumentar de forma sostenida la inversión en investigación», añaden.
Entre los puntos fundamentales apuestan por el «bilingüismo real en todas las comunidades con otra lengua oficial además del castellano, sin exclusiones como las que hoy existen en determinadas CCAA (Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya, 2019). En Cataluña, la “Ley de Normalización Lingüística” de 1983, reforzada por la Ley de Educación de Cataluña de 2009, estableció el catalán como lengua “normal” de la enseñanza, e impuso el nivel C de catalán como requisito para oposiciones, traslados y gestiones administrativas. Este modelo supone que, mientras los alumnos catalanohablantes estudian en su lengua materna, los alumnos castellanohablantes tienen grandes dificultades para poder hacerlo. Se contraviene así el precepto internacional que establece la lengua materna como la mejor opción para enseñar a leer y escribir a los niños (UNESCO, 1953; ONU, 1989), lo cual también les facilita aprender un segundo idioma con más rapidez (UNICEF, 2016)». Puntualizando que «Los alumnos más perjudicados son los de nivel socioeconómico más bajo, pues no disponen de los medios necesarios para compensar los perjuicios de no poder estudiar y expresarse en su lengua materna. Los alumnos castellanohablantes presentan mayores tasas de fracaso y abandono escolar que los alumnos que sí pueden estudiar en su lengua materna«.
Denuncian que en varias CCAA «se han incumplido de manera sistemática sentencias judiciales como las del Tribunal Supremo (TS) del 22 de diciembre de 2010, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 31 de enero de 2014 y otras varias, perjudicando aún más a estos alumnos. El reciente informe del Defensor del Pueblo establece que el castellano debe aparecer como lengua vehicular en los proyectos lingüísticos de las CCAA bilingües, que la proporción razonable de castellano está fijada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los responsables de este mínimo son los directores de los centros educativos, y que el no cumplimiento legitima incoar un contencioso administrativo (Defensor del Pueblo, 2020)». «La transferencia prácticamente total de competencias educativas a las Comunidades Autónomas ha sido el fruto de una perspectiva operativa cortoplacista, carente de un proyecto estratégico común, que ha contribuido a una fractura social, de la que todos somos responsables», aseveran.
El manifiesto termina considerando imprescindible la incorporación a la Ley de Educación unas medidas concretas:
– La recuperación por parte del Ministerio de Educación de algunas competencias educativas fundamentales, como el control de la calidad de la enseñanza mediante el establecimiento de pruebas externas con valor académico al final de cada etapa educativa, idénticas para toda España, así como la autorización previa de los manuales escolares, el control directo de la inspección educativa y el abono de las nóminas de los funcionarios docentes, toda vez que son funcionarios del Estado y no de las CCAA.
– Garantizar en las comunidades bilingües el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, si esta es una de las lenguas cooficiales. Y, en cualquier caso, garantizar un adecuado conocimiento de la lengua española por todos los ciudadanos, dado que es la lengua común de todos los españoles.
– Garantizar un adecuado conocimiento científico de la Historia de España, de sus culturas y tradiciones, acorde con los valores constitucionales y europeos.
– Promover una Ley de Educación inclusiva, para toda España, que evite que cada comunidad autónoma adapte los textos a su coyuntura política y que cada nuevo gobierno suponga una nueva reforma, blindando el proceso educativo contra injerencias políticas.
