Los últimos acontecimientos registrados en el Campo de Gibraltar, la muerte de un niño de 9 años arrollado por una lancha rápida y la brutal paliza que han recibido un grupo de guardias civiles a manos de un grupo de personas, revela en toda su dimensión la gravísima situación en la que se encuentra aquella comarca andaluza, con diferencia, la más abandonada por las administraciones. Ese abandono vergonzante no es nuevo. El Campo de Gibraltar languidece, degenerando, desde hace décadas. El gran problema social no es el narcotráfico, ni el contrabando de tabaco, es, sencillamente, la ausencia absoluta de oportunidades para sus vecinos. No hay trabajo ni perspectivas de futuro. Los jóvenes no quieren, ni pueden, vivir del aire. El contrabando y el narcotráfico es la única salida para muchos, y el modus vivendi se suele defender con uñas y dientes. Los numerosos grupos de narcotraficantes que operan en la zona han entrado en guerra. Por el territorio, por la mercancía, por las rutas, por los proveedores. Por todo. Y les da igual la Policía que no es, precisamente, la primera preocupación de los narcos. Lo puso de relieve claramente un reciente tiroteo ocurrido en la zona. Los traficantes dispararon a la policía creyendo que se trataban de otros narcos que les pretendían robar el alijo. Es obligación de las autoridades, desde los alcaldes a la presidenta de la Junta de Andalucía, pasando por el presidente del gobierno y terminando en Bruselas, dar respuesta a las muchas necesidades del Campo de Gibraltar donde, por perder, han perdido hasta las ganas de manifestarse. Padres y madres de familia y jóvenes desempleados no pueden estar por mucho tiempo más mano sobre mano, teniendo, como tienen, la oportunidad de ganar dinero fácil con Marruecos, el primer productor de hachís del mundo, a tiro de piedra. La olla a presión del Campo de Gibraltar está a punto de estallar en un conflicto social de incalculables consecuencias. Parece evidente que el gobierno tiene que reforzar la seguridad, incrementando los medios y las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, pero paralelamente, la Junta de Andalucía y el Estado tienen que establecer las bases para generar oportunidades de futuro a una población desesperada. En el Campo de Gibraltar se ha perdido el principio de autoridad, aquel que exige a el cumplimiento de las obligaciones y garantiza los derechos de la ciudadanía.