En un discurso lleno de altos vuelos que ahora necesitarán aterrizar, el presidente Sánchez se ha dirigido a los españoles a través de las cámaras de televisión para intentar ofrecer un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que ha reiterado en varias ocasiones el objetivo del Gobierno por proteger a todos y cada uno, en sus respectivas circunstancias económicas y laborales, frente a los ataques de la pandemia del coronavirus. En el auténtico radar de medidas y decisiones que ha enumerado para que nadie quede fuera del escudo del Estado, una de ellas ha sido, en referencia al derecho fundamental a una vivienda digna, que “nadie será desahuciado”.
La medida estrella del Gobierno es que movilizará 200.000 millones de euros para combatir los efectos y desastres, tanto económicos como sociales, del coronavirus.
La posición que ha mantenido Sánchez ante las cámaras de televisión para dirigirse nuevamente al país, desde que lo hiciera el sábado pasado para decretar el anunciado estado de alarma, bien podría compararse con el de una parabólica que persiguiera comprender todas las señales de gravedad que el coronavirus está provocando -y provocará- sanitaria, social y económicamente en la vida cotidiana de los españoles.
En sus palabras ha pretendido abarcar la amplísima esfera de los efectos devastadores que dejará la pandemia cuando haya llegado a su final, cuando según el presidente las altas superen cuantiosamente a las bajas.
El mensaje de Sánchez, reflejo de lo que establecerá el nuevo decreto (en símil hospitalario, una auténtica respiración asistida a la economía de España), se ha centrado en pormenorizar, y en todo lo posible que permite la naturaleza de estos discursos a base de grandes e impactantes enunciados, la protección de los derechos más esenciales, una protección que acentúa si cabe más en el caso de los más vulnerables: prohibición de cortes de luz, agua y gas y salvaguardar el ámbito de la vivienda, eliminando la posibilidad de los desahucios.
Su énfasis deslumbrante y seguro ante las cámaras, su facilidad de palabra y los reflejos indiscutibles para encajar las varias preguntas del final, no evitan sin embargo que se vean los plumeros de Sánchez, las lagunas que quedan al descubierto tan pronto como se apaga el televisor y se deshace la seducción momentánea y fugaz del presidente: en el decreto no ha incluido establecer la moratoria en la renta de los alquileres ni ha permitido que los autónomos queden eximidos del pago de su cuota mientras dure el estado de alarma. Sánchez, como la mayoría de los políticos, siempre tiene truco. Y los políticos han aprendido muy bien el remedo de “calumnia, que algo queda”, o sea, “anuncia, que algo queda”. Por eso también, ahora queda ver que sucederá en la realidad con otra de sus medidas, ahora mismo una de las grandes publicidades de su comparecencia: la moratoria para las hipotecas, en consideración a las familias más vulnerables.
En resumen, la mayor movilización económica de un Gobierno de nuestra democracia: 117.000 millones provenientes del sector público y lo que pondrá el sector privado hasta sumar un objetivo total de 200.000 millones de euros. Una decisión que se ha tomado mirando cómo está jugando sus cartas el resto de Europa para ganarle la partida al coronavirus.
