Resulta inconcebible que la Dirección General de Tráfico, que tanto celo pone en la seguridad de quienes viajan por carretera, en cuestión de normativa y de vigilancia sobre bicicletas primero, y patinetes después, actúe sin embargo desde hace años en la tranquilidad de ceder sus competencias a los ayuntamientos. Resulta inconcebible porque los peatones se juegan cada día su integridad física. Algunos incluso no han tenido la suerte de librarse por unos mínimos y milagrosos centímetros de ser embestidos, en algunos casos convirtiéndose en víctimas mortales. Y también resulta inconcebible que la Dirección General de Tráfico se haya fiado tanto de los ayuntamientos, porque ha provocado la paradoja de que habiendo sido educados desde la infancia para caminar por las aceras para evitar ser atropellados, sea precisamente en las aceras donde vamos a sufrir los atropellos.
La Dirección General de Tráfico, la misma que hace cumplir las limitaciones de velocidad, la de los controles de alcoholemia y drogas, la de los drones y helicópteros, la que exige estar al día del pago del seguro o en las revisiones periódicas de la ITV, parece estar bastante relajada en perseguir que bicicletas y patinetes crucen temerariamente las zonas peatonales sin respetar la prioridad establecida e indicada en señales para los que andan.
Por otra parte, y confiando a los ayuntamientos las regulaciones de bicicletas y patinetes, ha hecho quebrar -de una forma más en este país, como con las Comunidades Autónomas- el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, pues en unas ciudades es obligatorio el casco, mientras que innecesario en otras, por poner un ejemplo. Urge una normativa que emanada desde la Dirección General de Tráfico, unifique para todo el territorio nacional la conducción de bicicletas y patinetes, además de hacerse respetar con el mismo ahínco con que se exige en las carreteras. Y sería bastante congruente respecto a lo que se establece para el resto del tráfico rodado -sin excusas injustificables alegando que son vehículos de motor-, que superen un examen teórico de conducir (no hay que presuponer de quienes van en bicicleta o patinetes el que sepan qué es una dirección prohibida o un paso de cebra, pues no es un presupuesto del que hayan disfrutado los conductores de camiones, automóviles o ciclomotores; al contrario, han tenido que pasar por un examen y sus tasas). Igualmente hay que imponer la matriculación de bicicletas y patinetes, que evitaría quedar sin identificar quienes atropellando o lesionando a un peatón se dieran acto seguido a la fuga. Y por último deben estar obligados a responder de sus actuaciones en accidentes con un seguro obligatorio de daños a terceros.
En Sevilla en concreto nos hablan estos días sólo de patinetes, como el mago que enseñando mucho una mano, oculta el truco en la otra. Con las medidas que se estudian para patinetes se diría que buscan disimular las que necesitan también las bicicletas. El tema de la Seguridad en mayúsculas de los sevillanos está en manos de un concejal, Juan Carlos Cabrera, que no abarca más que una política de minúsculas, incapaz de pasar de una línea de plazos y alegaciones ciudadanas, a todas luces ineficaces para enfrentar y solucionar de una vez por todas el peligro en el que se ha convertido andar y pasear por Sevilla.
