Un estudio de la ONG Save de Children pone de relieve que el abuso sexual contra menores de edad en Andalucía «es una realidad que no puede ser obviada»
Las cifras que manejan desde Save the Children muestran que entre el 10% y 20% de los adultos andaluces han sufrido abusos sexuales durante su infancia, una cifra similar a la media nacional. Según la ONG, Andalucía cuenta con uno de los sistemas mejor diseñados para luchar contra los abusos sexuales contra la infancia a nivel estatal, sin embargo, hay todavía «mucho campo de mejora para garantizar una política de protección integral que sea capaz de abordar los abusos sexuales en todas sus dimensiones que nos guíe hacia una respuesta eficaz ante los abusos sexuales contra la infancia».
Estas cifras tan abultadas que maneja Save the Children podría invitar a pensar que son exageradas o que el estudio no ha sido lo suficientemente riguroso. La ONG es consciente de ello y explica que han consultado dos fuentes distintas. La primera es la encuesta ‘Los abusos sexuales de menores. Lo que recuerdan los adultos’, que, aunque antigua, «sigue constituyendo un estudio de referencia válido para hablar de la prevalencia del abuso sexual en España», sostienen. Los cambios que hayan podido producirse desde que se llevó a cabo podrían alterar el resultado “punto arriba, punto abajo”, pero no invalidar los mensajes y conclusiones recogidas en su informe.
La segunda fuente es un análisis, elaborado por Save the Children, de 203 sentencias judiciales comprendidas entre octubre de 2012 y diciembre de 2016, cuando se publicó el último informe en el que se analiza la respuesta del sistema judicial a estos abusos, ‘La Justicia Española frente al Abuso Sexual Infantil en el Entorno Familiar’. El documento explora la problemática de los abusos sexuales en la infancia en Andalucía, tratando de dar respuesta a estas preguntas, dando a conocer qué son los abusos sexuales e indagando en el alcance de los fallos que se han podido producir en la respuesta dada desde la Administración Pública. Además, y a modo de conclusión, se aportan una serie de recomendaciones para proteger, y hacer cumplir los derechos de los niños y las niñas.
Para la ONG, «cualquier medida impulsada por gobiernos autonómicos o locales que se adopte para atajar el abuso sexual infantil, debería ser coherente con una futura Ley Orgánica de ámbito estatal
para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que nos permita avanzar hacia una sociedad dónde la infancia esté siempre protegida y libre de violencia», concluye.
