Con 4.772 votos no sacas en Sevilla ni medio concejal. En Álava, sin embargo, con esa cifra Vox ha obtenido su único diputado en el Parlamento vasco. Podemos, en esa misma circunscripción, ha obtenido dos diputados con 10.054 votos (a 5.027 votos cada uno); PP+C’s, tres diputados con 14.287 (a 4.762); EH-Bildu, seis, con 30.886 (a 5.147); y PNV, nueve, con 40.002 votos (a 4.444 votos por cabeza).

Por si se ve más claro de qué va esto, los dos diputados por la provincia de Sevilla de Vox en las pasadas elecciones generales del 10-N le costaron el esfuerzo de sumar 188.500 votos (94.250 votos la unidad), mientras que en esa misma cita de las Generales Bildu obtuvo su único diputado por Álava por sólo 27.264 votos.

Mírenlo como quieran, pero lo que se desprende de esto que es que 27.264 vascos de filiación proetarra tienen parecida fuerza decisoria que 94.250 andaluces de filiación conservadora. O sea, el poder de un vasco de Álava multiplica casi por cuatro el de un andaluz de Sevilla.

Por supuesto, es cierto que en la circunscripción de Sevilla, con muchos más habitantes, se reparten 12 diputados y en la de Álava sólo 4, pero cuando sumas votos y prorrateas las cifras de votantes por circunscripciones y candidaturas, la resultante es que necesitas muchos menos votos para obtener un diputado que te represente.

En el encaje constitucional lo que se pretendía de este modo era otorgar alguna clase de compensación por la exigencia reivindicativa de ciertos territorios denominados ‘históricos’ y conceder una preponderancia que les acercase al peso que no tenían por habitantes ni por extensión territorial.

El objetivo era no tensar y dar cabida a viejas aspiraciones que se dirían dinásticas, aunque las dinastías son cosas de monarcas, no del «demos» o de los pueblos, que, si heredan algo, es en su conjunto, una Historia común, una geografía, un alma, un intangible… y no una superioridad política ni étnica sobre el resto.

Pero ahora vemos que el resultado final es un disparate cuando los privilegiados utilizan esa concesión para cuestionar o dinamitar los pilares de la convivencia común.

Y esto es lo que nos han consolidado aquí, envuelto en las puede que buenas intenciones de aquel momento, lo cual podría tener algún sentido si al menos prevalecieran ciertos objetivos comunes intocables, pero no cuando aprovechan y hacen uso de esa desigualdad concedida para fines no sólo distintos sino directamente opuestos a los de la unidad común de los españoles.

Casi cuatro veces más pesa un voto vasco que un andaluz en el conjunto de España, a lo que cabe añadir la capacidad de extorsión o de chantaje de esa sedición cuando se pone en marcha, al condicionar el comportamiento de otras fuerzas dispuestas a ceder y a trapichear las condiciones generales del ‘negocio’ societario.

Los pactos de buena voluntad pueden ser maleables, flexibles y negociables mientras dure el ‘matrimonio’ y el deseo de prolongarlo, pero la aritmética no debiera ser susceptible de ese compadreo cuando se pierde la intención de contribuir a la continuidad del vínculo. Y desde luego Bildu (pero también el PNV), cuyo objetivo declarado es el de obtener el divorcio y ‘desvincularse’ del resto, no debiera poder participar de un privilegio concebido para todo lo contrario.

En todo caso, quédense con este dato: hace cuatro años, a Vox en el País Vasco los votaron 774 ciudadanos; el pasado domingo el partido de Abascal ha obtenido 17.517 votos.