La Junta de Andalucía se ha encontrado con la negativa rotunda del TSJA a sus pretensiones de mantener una reunión, prevista para el lunes, en orden a que se establecieran judicialmente las directrices generales para decretar restricciones una vez que el 9 de mayo cese en toda la nación el estado de alarma.

Juan Marín, vicepresidente del Gobierno andaluz, volvió a cometer una de sus proverbiales torpezas políticas al anunciar públicamente que el lunes 3 de mayo mantendría una reunión (acompañado por los consejeros de la Presidencia y de Salud) con el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y la fiscal superior, Ana Tárrago.

Lorenzo del Río ha cortado tajante esta intención proclamada a los medios, negándose de antemano a consensuar o aconsejar con la Junta las restricciones y medidas de todo tipo para adoptar cuando se termine el estado de alarma.

El vicepresidente del Gobierno andaluz ha manifestado estar desconcertado, pues Marín ha declarado que sólo pretendía someter a juicio del Tribunal si eran viables legalmente las medidas que están planeando en la Junta, concretamente en el gabinete jurídico de la Consejería de Salud.

El TSJA exige estudiar caso por caso que le planteara la Junta, a la que no quiere dotar de un instrumento jurídico general de aplicación de medidas que incurran en discriminaciones territoriales. Si se determinaran en un futuro, quedarían establecidas a partir de exhaustivos exámenes sanitarios. El presidente Lorenzo del Río ha dejado claro que no quiere recortar derechos fundamentales hasta no analizar si sus limitaciones se ajustan a criterios de proporcionalidad.