La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este lunes que lo más sensato es que haya una oportunidad de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat catalana para «hablar de todo», pero «los límites son los legales, que están absolutamente claros»
En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) la titular de Hacienda, ha manifestado que de la reunión que mantendrán este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, espera diálogo, que es lo que se pretende, y ser capaces «distender la situación de tensión que existe en Cataluña», de manera que acabe esa «escalada en la que permanentemente el Gobierno catalán parece abocar la situación en esa comunidad».
Montero ha considerado que siempre hay margen para trasladar aquello que es prioritario para esta comunidad autónoma y ha defendido que el Gobierno de España ponga sobre la mesa «cuáles son las cuestiones que entiende que en este momento son insoslayables».
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene intención de plantear al presidente de la Generalitat, Quim Torra, toda una agenda social y económica pensada para el conjunto de los ciudadanos catalanes, pero rechazará rotundamente negociar o permitir iniciativas encaminadas a que Cataluña se desgaje de España. «El presidente tiene un proyecto para España, y también para Cataluña», recordaba este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, quien al mismo tiempo anunciaba la decisión de impugnar la última moción del Parlament que insiste en la vía unilateral de creación de una República independiente.
El Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene firme en la negativa a permitir que una parte del país pueda decidir por sí sola modificar las fronteras de España. El derecho de autodeterminación no está recogido en la Constitución española ni es «pretensión de este Gobierno que exista», dejaba claro esta semana en el Congreso la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.
El Ejecutivo, por tanto, reaccionará a cualquier hecho –no sólo palabras– que las autoridades catalanas emprendan para avanzar en su objetivo de construir de manera unilateral un Estado independiente saltándose la Constitución y el Estatut. Así ha quedado demostrado con el anuncio sobre la impugnación de la última moción independentista del Parlament.
