La sentencia condenatoria a «La Manada» ha puesto de relieve, una vez más, la sorprendente efectividad con la que determinados poderes movilizan a la sociedad y crean un estado de opinión mayoritario e incontestable que asusta. Así, con apenas chasquear los dedos, la sociedad española es capaz de hacerse el harakiri poniendo en cuestión su propio carácter democrático, sus leyes y normas, su estructura territorial, la clase política y, como estamos comprobando estos días, a la propia Justicia. Determinados magnates de la comunicación, empresarios, falsos filántropos y, por supuesto, algunos dirigentes políticos, le tienen bien tomada la medida a la sociedad española, fácilmente manipulable y de memoria extraordinariamente débil. Lo comprobamos recientemente en el asesinato del pequeño Gabriel. Se produjeron todo tipo de manifestaciones de personalidades políticas y líderes sociales pidiendo calma a la sociedad, alertando de que, bajo ningún concepto, se puede legislar «en caliente», bramando contra la prisión permanente revisable. Esos mismos dirigentes, esos líderes de opinión, ahora claman contra los jueces que han condenado a los miembros de «La Manada» y a los propios condenados a los que piden poco menos que la cadena perpetua. Esa misma sociedad que ha salido a la calle, indignada, no ha movido un sólo músculo en defensa de la chica, apenas una niña, que hace quince días fue violada en Alicante por una «manada» de diez inmigrantes argelinos, cuatro de los cuales han sido puestos en libertad. La noticia no ha tenido cabida en los medios de comunicación nacionales, ni ha interesado a los partidos políticos ni a los colectivos feministas. Nadie se ha manifestado y nadie se ha indignado. Y aquí, en Sevilla, nuestros políticos se suben al peligroso carro de la demagogia más delirante y deciden, con sus votos y en pleno municipal, declarar personas «non gratas» a los cinco sevillanos condenados en primera instancia. Ni siquiera han esperado a que se resuelvan los recursos anunciados y la sentencia sea firme. Ni siquiera Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, que mantiene en una permanente tortura a la familia con su silencio, que sabe dónde se encuentran sus restos, ha recibido tal consideración.  Si la sociedad sevillana fuera coherente estaría reclamando a sus dirigentes políticos el mismo trato para unos y otros, forzándolos a presentar mociones para declarar personas «non gratas» a unos y otros, independientemente de si han sido condenados en firme por los tribunales de Justicia.