El consejo de administración del mercado mayorista someterá a votación su futuro que depende del convenio de acreedores negociado para esquivar la liquidación de esta entidad declarada en 2016 en concurso voluntario de acreedores
La empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores después de que la sociedad estatal Mercasa, segundo socio del mercado tras el Ayuntamiento de Sevilla, no apoyase una ampliación de capital promovida ante una sentencia que condena a la entidad a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando, toda vez que la indemnización se eleva ya a más de 22 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla han fijado en 26,6 millones de euros la deuda total de acreedores afrontada por la empresa, una cuantía copada por la sentencia de Sando, ya ratificada por el Tribunal Supremo. Al respecto, media ya la citada propuesta de convenio de acreedores con una quita del diez por ciento de la deuda global y un periodo de pago de tres años.
Para materializar los pagos de dicho convenio, el Ayuntamiento y Mercasa habrán de aportar los fondos necesarios como socios principales de la empresa, toda vez que todo esto ocurre en un contexto en el que en junio de 2021, y según los estatutos de Mercasevilla, la sociedad quedará automáticamente disuelta y todos sus activos y pasivos revertirán en el Ayuntamiento, con lo que además es necesario definir el futuro de la gestión del mercado central hispalense.
Dado el caso, el pleno del Ayuntamiento aprobaba recientemente con el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de la abstención del PP, una propuesta que incluía la adhesión del Consistorio al convenio de acreedores y en consecuencia «la aportación de los fondos necesarios para las obligaciones de pago».
El acuerdo incluye, por cierto, el compromiso de «articular para el futuro desarrollo conjunto de la actividad los mecanismos necesarios para que las eventuales plusvalías que en su caso se generasen por cualquier transmisión o enajenación de activos inmobiliarios adscritos a Mercasevilla, una vez realizadas en su caso las inversiones necesarias para una reubicación de las instalaciones, e consideren imputadas o vinculadas al Ayuntamiento» en solitario.
Y es que los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y un hipotético traslado de las instalaciones permitiría la venta de tales suelos con los correspondientes ingresos, si bien se trata de suelos inscritos en favor del Consistorio y no de Mercasevilla como tal.
