La Audiencia Provincial condenó a Mercasevilla a abonar a Sando unos 8,9 millones de euros tras una demanda por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Los costes de esta sentencia superan los 11,6 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
El Consejo de Administración de Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa, ha informado de que se ultima un acuerdo con Sando, su acreedor principal, para contar con una quita del diez por ciento, a la par que el gobierno del socialista de Juan Espadas se ha comprometido a llevar ante el Pleno municipal un acuerdo de estabilidad al Pleno que sirva para que Mercasa garantice su aportación. Según ha informado el Ayuntamiento, en el encuentro en se ha comunicado formalmente la ampliación en dos meses del plazo con el que cuenta para cerrar un acuerdo con Sando para la aplicación de las sentencias dada la situación de concurso de acreedores de la sociedad.
De otro lado se ha vuelto a reclamar a Mercasa la implicación en el proceso de ampliación de capital de la sociedad. Para ello, el gobierno va a trasladar al próximo Pleno un «compromiso por la vida indefinida de la empresa que sea aprobado por todos los grupos políticos y que sirva como garantía para que la sociedad estatal realice la aportación necesaria dada la finalización en 2021 de la concesión». «Este gobierno va a seguir trabajando para salvar Mercasevilla y Mercasa debe ser parte de la solución. Esperamos que cumpla y mantenga su presencia y su compromiso con la sociedad», explica la delegada de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio, Carmen Castreño.
