Lejos de plantearse la dimisión o cese del ministro Fernando Grande Marlaska tras la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo que obliga a la restitución en su puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos y que sitúa al ministro del Interior ante el posible abismo de la prevaricación, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que recurrirá dicha sentencia a través de la Abogacía del Estado en una actitud que se diría muy próxima al desacato.

La propia decisión del Gobierno de recurrir dicha sentencia de la Alta Magistratura muestra por sí misma la gravedad de la situación en la que se ha situado el ministro y ex juez de dicha instancia judicial, pues saben que el varapalo recibido sólo puede encontrar reparo en la corrección del fallo judicial o se le estará indicando al ministro la única vía de salida posible: la dimisión o el cese.

Tras un penoso recorrido de excusas y falsedades pronunciadas en el Congreso de los Diputados, el ministro Marlaska parece que fue consciente en algún momento de que lo actuado contravenía la legalidad vigente y en su última comparecencia terminó por buscar refugio ya no en las causas del cese del coronel Pérez de los Cobos ni en todo lo actuado, sino que alegó que fue su «número dos» el que firmó la orden y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la “carrera profesional” del coronel y ante un posible recurso.

El recurso llegó y con un fallo que pone al ministro al borde de la deshonra y hasta del incumplimiento de su juramento al tomar posesión del cargo, pero en parecida situación coloca a la directora de la Guardia Civil, la primera mujer que ocupa dicho cargo en la historia de la Benemérita, la muy feminista María Gámez, que fue la encargada de transmitir las órdenes de que el coronel hiciese entrega de la información correspondiente a un asunto que estaba en manos de la Guardia Civil pero en sus funciones de policía judicial y que, por tanto, quedaba legalmente fuera del alcance del coronel en su calidad de alto mando.