Macarena Olona presenta una denuncia contra la  alcaldesa de Salobreña por un presunto delito  electoral, de prevaricación administrativa y  vulneración de los derechos fundamentales.

La candidata de VOX a la presidencia de la Junta de  Andalucía, Macarena Olona, ha presentado este lunes en la comandancia de la  Guardia Civil de Salobreña una denuncia contra María Eugenia Rufino González, alcaldesa socialista del municipio granadino.  

En concreto, la denuncia ha quedado interpuesta por un presunto delito de prevaricación administrativa (ex artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), y por presunto delito electoral (ex artículo 139.7 de la Ley  Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), con vulneración de  los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23  de la Constitución española. 

Con la denuncia la candidata de VOX demuestra que no va a dejar sin respuesta las  actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y su formación política, para  centrarse a partir de ahora en los problemas que realmente interesan a los andaluces. En el escrito presentado se realiza una descripción de cómo se ha vulnerado la  privacidad de Macarena Olona, a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política. Un aspecto que no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses políticos.

En la denuncia se deja constar que la denunciada ha utilizado torticeramente las Instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen,  la honorabilidad y la candidatura de la denunciante. Además, se le trata de privar a  la denunciante de un derecho fundamental, su derecho de voto, reconocido en el  artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón municipal  comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones  autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022. Así como  restringir su derecho fundamental a la libertad de residencia, según proclama el artículo 19 de la Constitución española.

Como conclusión a la exposición detallada de motivos, la alcaldesa denunciada no  puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del  empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de  normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata. Todo ello, refrendado por los argumentos esgrimidos en la resolución dictada este mismo lunes por la Junta Electoral Provincial, que indica la absoluta legalidad de la actuación de la candidata. Cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que la de la legalidad del empadronamiento supone una vulneración de derechos fundamentales por parte de sus promotores, además de actos delictivos.