La Asociación Rastro Ecológico, que congrega al colectivo de vendedores que instalaba cada domingo sus puestos en el Charco de la Pava, ha celebrado este lunes una concentración ante el Parlamento de Andalucía, en demanda de la restitución de este mercadillo mediante la regulación del mismo

Cabe recordar que fue a mediados del pasado mes de octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento de Sevilla impidió la celebración del tradicional rastro o mercadillo que cada domingo se venía celebrando en las explanadas del Charco de la Pava próximas al entorno de Torretriana.

Para ello, el Ayuntamiento esgrimía que se trataba de una actividad comercial no autorizada que había derivado incluso en la venta de objetos robados. Al respecto, precisaba el Ayuntamiento que en los meses previos a la mencionada intervención, habían sido decomisados más de 200 artículos robados o falsificados.

Además, agregaba el Consistorio que en el citado mercadillo habían proliferado los puestos de alimentación sin control administrativo ni sanitario, sucedían frecuentes episodios de alteración del orden público y comportamientos incívicos, mediaban constantes «quejas ciudadanas» y la actividad implicaba un problema de limpieza a cuenta de los residuos abandonados por los vendedores.

No obstante, defendía el Ayuntamiento que aquellos vendedores del Charco de la Pava que contasen con toda su documentación en regla para ejercer actividades de venta ambulante podrían desarrollar su trabajo en alguno de los mercadillos autorizados de la ciudad, de acuerdo con la ordenanza municipal.

Por contra, el colectivo de vendedores pide la regulación específica de este mercadillo y su «reubicación», ya que como sostienen estas personas, esta actividad «era el único subsidio para muchas familias» y colectivo está «dispuesto a pagar» para solucionar el asunto.

Frente a ello, el propio alcalde hispalense, Juan Espadas, manifestaba recientemente que dada la proliferación de objetos «de segunda mano, usados y sin una procedencia garantizada, así como comida y bebida sin garantías de control sanitario e higiénico», los servicios jurídicos del Ayuntamiento han dilucidado que no hay «ningún respaldo legal» para restituir el mercadillo del Charco de la Pava.