El ministro Illa rechaza de plano y bajo ningún concepto la posibilidad en estos momentos de los confinamientos domiciliarios. Se lo ha pedido Asturias, pero Illa lo descarta. Sugiere el amplio abanico de alternativas que comprende el estado de alarma. Los gobiernos autonómicos, sin embargo, están pensando en meternos a todos en casa para detener el aumento alarmante de los contagios diarios. Pero nadie se atreve a implantarlos. Están todos contra las cuerdas. Y cercados por sus propias y escasas capacidades para la política, como pasa a todas luces en la Junta de Andalucía con el vicepresidente Marín, que hace cuestionarse a la ciudadanía qué hace metido a político alguien que no da una en su sitio. Tampoco se libra de interrogantes el anodino presidente Moreno. 

Sin duda, se ha llegado al punto más álgido y decisivo de la colisión frontal entre intereses sanitarios y económicos. Comparar esta situación con marzo es inútil, un lamentable equívoco, sencillamente porque ni ya estamos en marzo, sino en noviembre, y las circunstancias son bien diferentes. Hay que elegir una fórmula inteligente que ampare simultáneamente a todas las necesidades, las sanitarias y las económicas. 

Pero la ciudadanía ha experimentado suficientemente en sus propias carnes, y sobre todo en sus propios bolsillos, que los políticos no han sabido resolver esta difícil ecuación; que no han parado de equivocarse en sus soluciones; que ni han paliado los efectos dramáticos causados por el coronavirus, ni tampoco han sabido evitar el derrumbe drástico de la economía nacional. La clase política, a cualquier nivel (central, autonómico o municipal, con algunas raras excepciones como la del Ayuntamiento de Madrid), no está preparada para el equilibrio, ese concepto le viene bien ajeno, como está siendo sobradamente probado. Y como ya es vox populi, “nos han tocado los peores gobernantes en las peores circunstancias”. 

Los gobiernos de las diferentes comunidades se encuentran ahora mismo desbordados, pero eso no debería ser licencia legal para que también terminen alocados, recurriendo suicidamente al confinamiento domiciliario. Por más que se quiera huir de la realidad, su visión completa debe abarcar a los contagiados  -faltaría más-, pero también al tejido social gravemente agredido e incluso destruido por el anterior estado de alarma. La salud, por supuesto lo más importante, también debe cuidarse y protegerse en los casos de insomnio, angustia y estrés de tantas personas que están perdiendo sus trabajos, hundiéndose en los profundos socavones de sus tormentos por arruinarse, contemplando cómo caen sus negocios con los que ganarse la vida, acudiendo a los psicólogos, procurándose en largas colas el alimento diario gracias a las asistencias sociales, etc. 

Se está dando un complicado escenario en el que hay que salvar a la vez tanto a sanos como a enfermos, mientras se entierran los muertos. El problema para la ciudadanía está en que padecemos las decisiones de una camada mediocre de políticos como nunca conocimos, de los que salta a la vista su incompetencia. Y entre otras muchas cosas que ignoran u olvidan, deberían recordar que ya hemos estado en Europa pidiendo dinero y ayuda para unos desastres económicos que urge, como no saben calcular, que topen ya con sus límites.