El sector del juego necesita una regulación nítida y clara en España. Este aspecto es indudable, para que la actividad económica fluya por los cauces legales dejando rédito a las arcas públicas. El reciente documento presentado por el nuevo Gobierno español compuesto por PSOE y Unidas Podemos pone a las claras esa necesidad, aunque hace una distinción entre los operadores de juego privados y públicos, algo que desde Europa ya se ha argumentado que entra claramente en la tesitura de competencia desleal. 

Bet365, Bwin, Botemania, Betfair, William Hill y la asociación Jdigital han emitido un comunicado conjunto en el que ponen de manifiesto sus puntos de vista acerca del rumbo que quiere imponer este nuevo Gobierno a las casas de apuestas, optando por una regulación similar a la existente del alcohol y el tabaco. Dicho manifiesto apunta que “desde JuegoESResponsable seguimos muy atentos y de cerca la publicación y los avances en relación al documento Coalición Progresista y estamos a la expectativa de conocer el alcance de las medidas concretas que pueda proponer el futuro Gobierno. Además, mantenemos, como siempre, la mano tendida para colaborar como industria en defensa de un mejor marco regulatorio y de una protección de los perfiles más vulnerables. En este sentido, aplaudimos la decisión de PSOE y Podemos de implicar a los operadores del sector en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos no deseados derivados de la actividad del sector”.

A tenor de todo ello, la organización se sorprende de que “ninguna formación política ha introducido el debate sobre la equiparación del juego estatal y el juego privado. Desoyendo las recomendaciones de la Comisión Europea a comienzos de año, la regulación o prohibición de los juegos de azar no contempla supuestos de juego público. Un trato diferenciado por razón de la titularidad genera una situación de competencia desleal para las empresas privadas de juego online”.

Todas estas empresas creen que “las consecuencias de una posible prohibición de la publicidad de los operadores, debemos destacar que los medios de comunicación perderían el ingreso de 180 millones de euros, según datos del último Estudio del Mercado de Juego Online Estatal, publicado por el Ministerio de Hacienda. Además, la publicidad de los operadores de juego online es una de las pocas ventajas competitivas de los operadores legales frente a aquellos que operan desde la ilegalidad, lo que ha contribuido a que desde la entrada en vigor de la Ley de Regulación del Juego se han bloqueado más de 1.000 webs ilegales en nuestro país”.

En definitiva, toda regulación es buena para el buen rumbo de un sector económico. Lo cierto es que los organismos públicos no tienen que estrangular ninguna actividad económica con sus decisiones, sino adaptarlas a la situación actual.