Tras casi seis largos meses de espera, al fin hay sentencia sobre el caso de la Fundación DeSevilla, la cual viene a poner en evidencia de manera críptica y enrevesada, como corresponde a una materia contencioso-administrativa, lo que para el PP de Beltrán Pérez y Evelia Rincón, concejales en aquellos años en que se registraron los hechos, era tan fácil como subvenciones sin justificar que irían destinadas a cualquier capricho político de los comunistas de Antonio Rodrigo Torrijos con la anuencia del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

El único condenado ahora, a un año de prisión y a una multa de 742.500 euros por fraude, es su entonces director gerente, Miguel López Adán, pero toda la palabrería jurídica y contenciosa que desarrolla la sentencia esconde la verdadera realidad que se coció detrás de aquella pantalla municipal preñada de viajes a La Habana, de viajes de brigadistas a Venezuela y Nicaragua y de múltiples falsos proyectos en territorio bolivariano y castrista que jamás se llevaron a cabo porque la tarea era muy distinta y el dinero acabaría destinado a otros fines y sin posibilidad de justificarlo ante la Administración. Y esto último es lo que constituye el motivo técnico de la condena.

En el sentido técnico administrativo, el asunto dilucidado ahora en la Fundación DeSevilla se asemeja bastante a los problemas que comienzan a cercar al ex presidente de la Diputación de Málaga y hoy convertido en todopoderoso consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien se encuentra cada vez más enredado en la imposibilidad de justificar el dinero otorgado por la Junta de Andalucía destinado a 301 proyectos de obras en 93 municipios, expedientes administrativos tramitados durante su etapa como preboste provincial y que, pese a los aplazamientos sucesivos, no han logran cumplir los plazos para su regularización.

Ocurre que quien le reclama al consejero de Presidencia la normalización de los expedientes de dichas ayudas por un valor de cinco millones de euros es su socio de gobierno y actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín, del partido Ciudadanos, quien el pasado mes de enero ordenó trasladar ese asunto a la vía contencioso-administrativa, es decir, abrir una reclamación judicial tras múltiples dilaciones y solicitudes de prórrogas por parte de la Diputación malagueña, como también ocurrió en el caso hispalense.

La Fundación DeSevilla, creada en el año 2005 bajo el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, cambió de manos en el reparto de gobierno a raíz de las elecciones municipales de 2007, tomando el control de la misma el socio de gobierno de Monteisirín, encabezado por Rodrigo Torrijos, quien no tuvo otra ocurrencia que retomar como director gerente de la misma al que había sido director de área de la Delegación de Juventud, gestionada por IU en el anterior mandato con el concejal Lolo Silva al frente.

Durante aquel período se detectaron diversas irregularidades en la gestión llevada a cabo por el concejal de IU Lolo Silva, que incluso llegó a contratar a dedo a familiares, lo que terminó por conducirle a presentar su dimisión, no sin antes haber dejado constancia de diversos viajes a La Habana y reuniones en las embajadas de Venezuela y Cuba, así como el envío de decenas de brigadistas de la Asociación Enrique Líster a participar en supuestos actos y festivales juveniles celebrados en Caracas o en La Habana a cargo del presupuesto municipal hispalense.

En los cuatro años siguientes, los comprendidos entre 2007 y 2011, ya con la Fundación DeSevilla en manos del grupo de IU y una intensa actividad de los bolivarianos de Podemos en el entorno del poder chavista, se tuvo conocimiento de numerosos nuevos viajes de sus miembros a Cuba y Nicaragua, algunos de ellos con escala en Caracas, para supuestos proyectos de cooperación que después no se ejecutaron, pese a que el dinero de las subvenciones había sido liquidado…, aunque para otro fines, según ha puesto de relieve ahora la reciente sentencia del TSJA.

Estos periplos por regímenes comunistas, que coinciden con la etapa de los primeros pasos de CEPS, la primera empresa tapadera que facturaba subvenciones de Venezuela y se encuentra en el origen de Podemos, no fueron entonces exclusivos de IU.

De hecho, en 2006, cuando la Fundación DeSevilla todavía estaba gestionada por el PSOE, una expedición viajó a La Habana y en los archivos de la Fundación se conserva incluso la carta que el presidente municipal habanero envió a Alfredo Sánchez Monteseirín el 4 de septiembre de 2006 para agradecer la visita de una delegación sevillana: «Aprovecho la gentil visita que realiza a nuestro territorio la Delegación de la Fundación DeSevilla para hacerle llegar un cordial saludo», escribió el máximo responsable institucional de la capital cubana y ofreció la posibilidad de firmar protocolos de colaboración de los que no ha quedado constancia.

No obstante, sí trascendió un viaje realizado en octubre de 2007 por Torrijos y el concejal socialista Fran Fernández a La Habana para sellar un acuerdo de recuperación de su casco histórico.

De la inmensa mayoría de dichos proyectos anunciados, casi nada fraguó, pues la sentencia del TSJA revela que el dinero previsto y librado a cargo de dichas subvenciones y ayudas fue destinado a pagar la estructura interna y el funcionamiento de la propia Fundación en una forma de gestionar el dinero público que la sentencia del alto tribunal considera «más propia del mundo circense».

A partir de enero de 2008, ya con los concejales del PP olfateando el disparate que se había instalado en la gestión del dinero que manejaba la Fundación, el alcalde Sánchez Monteseirín, por exigencia de su socio de gobierno ordenó expulsar al representante del PP para vetar cualquier posibilidad de control y fiscalización sin testigos del presupuesto público, que ese año pasó de 1,2 a 1,8 millones de euros, de los cuales, 990.000 euros procedían de la Delegación de Cooperación al Desarrollo en subvención nominativa, esto es, sin convenios finalistas, y otros 887.000 euros eran aportados por la Gerencia de Urbanismo para convenios de colaboración con diversas entidades, entre las cuales se encontraba un acuerdo de 100.000 euros con el Ayuntamiento de La Habana (Cuba), otro de 12.000 euros con la Fundación Progreso de Andalucía -cuya vicepresidencia ostentaba entonces el socialista Blas Ballesteros, ex director de Relaciones Institucionales de la propia Fundación DeSevilla-, y nuevos convenios con la Fundación Sede y la OIT, entre otros, «donde el edil de Urbanismo, Emilio Carrillo, ejercía como profesor o asesor».

Ante aquel desmadre burocrático y presupuestario, ya con varios dirigentes de IU en el punto de mira de la Fiscalía tras la denuncia impulsada por el grupo municipal popular de Beltrán Pérez, la Fundación DeSevilla fue clausurada definitivamente en el año 2011 tras la victoria aplastante del Partido Popular con mayoría absoluta en las municipales con Ignacio Zoido de alcalde.

En la reciente sentencia que condena a Miguel López Adán, el juez se cuestiona incluso por qué la Fiscalía no ordenó investigar ni inculpó tanto al delegado de Economía, el concejal Carlos Vázquez, ni al teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, ambos de IU, por sus aparentes vinculaciones con todo el procedimiento irregular por fraude en la Fundación.