La ministra y vicepresidente cuarta del Gobierno para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la madrileña Teresa Ribera, oculta en su curriculum que trabajó durante siete meses en la empresa malagueña Isofotón, ahora investigada en los juzgados de Sevilla por, entre otras cosas, desvío de fondos públicos y presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental a raíz de los múltiples créditos concedidos por la Junta de Andalucía durante las etapas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán como presidentes del Gobierno andaluz.

Sobre la contratación de Teresa Ribera, actual vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Ángel Luis Serrano, último ex presidente de la compañía, manifestó en septiembre pasado, tras ser puesto en busca y captura y luego declarar ante el juzgado, que «entró» por profesionales «headhunter» o cazatalentos por su compromiso con el medio ambiente y en el concurso de 2014 se le echó como a los demás. «Participó como directora internacional en proyectos en Brasil, Chile y Latinoamerica». El presidente de Isofotón aseguró que ella no mantuvo ni se le encargaron relaciones con la Junta de Andalucía.

Por su parte, la ministra vicepresidente dijo en octubre en el Congreso a preguntas de la oposición que trabajó entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, para apoyar el proceso de internacionalización «y, visto que no era posible, me marché».

A lo largo de más de 20 años, Isofotón figuró como entidad privilegiada por la Junta de Andalucía en la recepción de ayudas y privilegios de toda clase a través del IFA y de IDEA y el Soprea, siendo, además, una empresa en la que numerosos dirigentes y miembros del PSOE eran recolocados.

Los trabajadores de la empresa, que llegaron a ser más de 800 durante la primera década de este siglo, cuando la Corporación Alba, del Grupo March, también accionista de referencia en Indra, entró en el capital, siempre sospecharon que el batacazo empresarial de Isofotón se debió a una pésima gestión de sus principales directivos. A mediados de la misma década, el Grupo March vendió su participación al Grupo Affirma y más tarde entró a formar parte del capital una compañía coreana, Top-Tec.

Sobre los 80 millones que los distintos gobiernos socialistas concedieron a Isofotón a lo largo de todos estos años, el último ex presidente, Ángel Luis Serrano aseguró en septiembre pasado que «no los ha visto nunca» y se preguntaba por qué sólo está él en el juzgado como gestor de la empresa, cuando ésta tiene 30 años de historia y recibía ayudas aún más importantes antes de llegar él.

Según Serrano, la empresa recibió entre 2010 y 2011 22 millones en avales, aunque la investigación apunta que fueron 29 millones, y que fueron destinados a sufragar el coste de la plantilla de la empresa, que en tres años alcanzó un desembolso de cien millones.

En cuanto a los 8,3 millones de préstamos del Soprea a los que ahora sigue la pista el juzgado número 3 de Sevilla, Serrano indicó que terminaron en manos de la empresa coreana Samsumg para el pago del suministro de células fotovoltáicas. Asimismo, el empresario confirmó que había recibido de la Junta dos ayudas de 12 millones de euros, que eran líneas de circulante libradas por la Agencia IDEA, y un préstamo posterior de 8 millones que concedió la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía (Soprea), vinculada también a IDEA.

Este último préstamo, la última ayuda inyectada en la empresa en 2012, cuando ya los números de la compañía eran alarmantes, no eran para Isofotón sino para una línea de negocios con Samsung. «Sobre ese dinero deberían de preguntarles a ellos», señaló entonces Serrano.

Con tal motivo, varios meses después de aquella declaración judicial realizada por el último ex presidente de Isofotón, el juzgado de Sevilla ha solicitado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla que le aporte el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012, de la cual formaban parte las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, en aquel entonces dirigida por María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, y la de Agricultura y Pesca, entonces liderada por Luis Planas, hoy ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por dicha comisión delegada pasaban todos los asuntos de trascendencia económica suficiente como la concesión de enormes sumas en forma de avales, préstamos, etc por parte del Gobierno andaluz, lo cual sitúa a los actuales ministros de Sánchez en el vértice de otra de las tramas de presunta corrupción en Andalucía.